CSIF aseguró en un comunicado que "esta situación genera incertidumbre e inestabilidad en las plantillas docentes e investigadoras, y es la responsable del enfrentamiento entre Gobierno y comunidades autónomas sobre quién financiará la contratación de los nuevos 4.200 Profesores Ayudantes Doctor necesarios, como recoge la ley, por la disminución de la actividad docente del profesor asociado y de los nuevos profesores ayudantes doctores".

"La LOSU tampoco está cumpliendo el objetivo de acabar con la precariedad y de estabilizar la carrera académica, sino que está cronificando la inestabilidad del Personal Docente e Investigador (la tasa de temporalidad en las universidades públicas es del 49 por ciento, muy lejos del objetivo del 8 por ciento para final de año)", protestó CSIF.

Para el sindicato, las plantillas también están envejecidas y es urgente renovarlas, ya que el 52 por ciento tiene más de 55 años, y el 20 por ciento se jubilará en la próxima década.

La central sindical también rechazó la propuesta del Gobierno para “flexibilizar” la implantación de la ley, que pasa por permitir a las universidades retrasar 3,5 años la estabilización de los Profesores Asociados y el nuevo Régimen de Dedicación del Personal Docente e Investigador (PDI). "Esta medida limitará la mejora de calidad de la plantilla y mantendrá las altas tasas de temporalidad en el personal docente e investigador (PDI)", remarcó la organización.

ESTATUTO DOCENTE

Asimismo, recordó que el Gobierno también sigue sin presentar el Estatuto del Personal Docente e Investigador. La Disposición final décima de la LOSU establece que “en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador Universitario”.

"Recordamos que el Estatuto del PDI, siempre retrasado y nunca aprobado (la última propuesta seria fue del ministro de Educación Ángel Gabilondo en 2011), afectará a más de 110.000 profesores e investigadores de universidades públicas y debe configurarse como un marco normativo fundamental para establecer una carrera profesional clara y progresiva, que excluya la precariedad laboral y que promueva como fin último la calidad de la docencia y la investigación. También debe regular diversos temas, entre los que se encuentran el régimen de los PDI, sus funciones y dedicación, su modelo salarial, su movilidad y sus procesos de selección", zanjó.