En un comunicado, CSIF advirtió que el Ministerio de Universidades, las autonomías y las propias universidades tendrán que habilitar un “muy largo periodo de adaptabilidad” a través de decretos y reglamentos, "lo que demorará la puesta en marcha de medidas necesarias que no admiten más dilación, como la renovación y rejuvenecimiento de las plantillas".

El sindicato denunció que durante la tramitación del texto, que ahora continuará en el Senado, “se haya desviado la atención hacia temas” como el derecho al paro académico, los colegios mayores, el fomento de lenguas cooficiales o quien puede ser rector, en lugar de priorizar en “asuntos vitales para el sistema universitario español, como la financiación, la carrera académica, la precariedad de las plantillas o la conexión entre sociedad y economía”.

El sindicato presidido por Miguel Borra también lamentó que los grupos parlamentarios hayan obviado las enmiendas que CSIF les trasladó para mejorar la redacción de la LOSU. No obstante, confía en que las retomen cuando la LOSU continúe su tramitación en el Senado.

Algunas de estas enmiendas piden la mejora y actualización del desfasado sistema retributivo del Personal Docente e Investigador (PDI) con el incremento de los niveles profesionales, el aumento de 120 a 180 el número máximo de horas lectivas que el profesorado asociado pueda impartir por curso académico y el aumento de la financiación pública universitaria del 0,8 por ciento actual del PIB al 1,5 por ciento, más acorde con la media de la UE, entre otras.

Por último, la organización recordó que "la LOSU carece de Memoria Económica y de cualquier detalle sobre su financiación por lo que, al carecer de financiación estatal, serían las comunidades autónomas las que sufraguen los gastos aumentando así su deuda".