Así lo afirmó hoy este experto en una charla informal con periodistas, que tuvo lugar en Madrid tras la clausura de un encuentro científico convocada por la Fundación Europea de Ciencia.

Para Damborenea, los organismos financiadores y, sobre todo, los públicos, "tienen que garantizar que los fondos que se empleen correctamente", "protegiéndolos" de grupos investigadores que puedan verse envueltos en situaciones de plagio, fabricación o falsificación de datos. "La nueva ley de investigación del Gobierno seguramente va a contemplar este tipo de cuestiones", apuntó este experto.

Alrededor de 50 científicos de toda Europa y Estados Unidos abordaron esta mañana en Madrid la necesidad de promover buenas prácticas en la ciencia a escala nacional, europea e internacional.

El objetivo, explicó Damborenea, es "poner en marcha un debate y tratar de elaborar guías y códigos de conducta éticos con unos mínimos básicos comunes a todos los países de la Unión Europea".

El CSIC ya cuenta con comités disciplinarios que pueden imponer sanciones de hasta un año de suspensión de empleo y sueldo para sus investigadores, pero su recién creado Comité de ética seguirá trabajando hacia la puesta en marcha de un código de conducta. "Si la nueva ley de Ciencia introduce este tipo de temas, tiene que contemplarlo a diferentes niveles", añadió este experto.

Pere Puigdoménech, investigador del CSIC y miembro de su Comité de Ética, informó de que se estima que entre el 0,1 y el 1% de las publicaciones pueden plantear algún tipo de problema de malas prácticas durante su investigación. "Por eso", explicó, "nos planteamos poner en marcha unas reglas concretas y mecanismos para atacar el problema".

El director de Ciencia y Estrategia de la Fundación Europea de Ciencia, John Marks, subrayó que, hasta ahora, el "énfasis" en Europa se ha puesto en la importancia de la autorregulación del sector. "Lo que estamos discutiendo ahora es si es suficiente o si serían necesarias sanciones como las de Estados Unidos", señaló.

En este sentido, la investigadora estadounidense Tina Boesz explicó que, en su país, a un investigador que incurra en plagios, fabricación o falsificación de datos se le pueden retirar los fondos de financiación que sostienen su trabajo por periodos de hasta cinco años, lo que supone "cinco años fuera de la investigación".

Los investigadores españoles consideran que, aunque el nivel de fraude actualmente es "pequeño", es necesario empezar a atajar el problema desde las propias universidades. "Copiar el texto de una web y usarlo como tuyo es la semilla para el fraude en un futuro", señalaron.