Según el sindicato denunciante, la disolución de oficio de ITP "se ha hecho contra derecho", porque hay más de 13.000 recursos de particulares y colectivos sindicales presentados en los tribunales contra la disolución de la vieja mutualidad de Telefónica.

Asimismo, recuerda que la retirada del aval que tenía Telefónica sobre los fondos deITP está también recurrida en los tribunales, por lo que a falta de una resolución judicial no era posible disolver la ITP, sobre todo si se tiene en cuenta que dicho aval permitiría cubrir las dificultades financieras de la institución de previsión.

Para CSI-CSIF, el acta de inspección levantada por la Dirección General de Seguros también está recurrida, al hacer una valoración de los activos de la mutualidad incompleta y sin abarcar todas las situaciones económicas y legales de ITP.

El sindicat señala explícitamente a Telefónica como la primera beneficiaria de la disolución, al haber obtenido entre 1967 y 1991 una deducción del 15,06 por cien en las cotizaciones que hacía a la Seguridad Social, en contra de las directrices comunitarias que prohíben subvencionar a monopolios a cargo de los presupuestos del Estado.

También recuerdan que Telefónica dejó de ingresar a la ITP en el mismo periodo un total de 276.000 millones de pesetas y que las aportaciones que supuestamente hizo a la mutualidadpara pagar las pensiones sustitutorias de la Seguridad Social comprometidas eran liquidadas con la cotización que hacían los trabajadores activos de la empresa, 2 puntos por encima de la media exigida por el sistema público de previsión.

Esta mecánica, según las explicaciones de CSI-CSIF, hubiera supuesto para Telefónica el ahorro de 237.000 millones de pesetas que realmente no pagó, ya que la cobertura la hacían los propios trabajadores inscritos en ITP.

Asimismo, el sindicato denuncia que Telefnica ha permitido la degeneración de la extinta mutualidad de la compañía, al no atender los requerimientos de su Junta Rectora, de los sindicatos y de los socios que la formaban, para que adaptara los estatutos a las nuevas leyes y ajustara las cotizaciones a los cambios que ha ido introduciendo la Administración.

Los denunciantes descargan sobre Telefónica la responsabilidad de las ilegalidades en las que, a su juicio, se ha incurrido con la disolución de ITP.

La compañía, aseguran, es la princpal responsable porque es la que tenía la mayoría absoluta en los órganos de dirección de la ITP y utilizó esa hegemonía para impedir la renovación de los representantes del personal que de iban dando de baja.

EL PREACUERDO

El preacuerdo alcanzado entre UGT y CCOO con Telefónica para sustituir ITP por un plan de pensiones tampoco satisface a los dos sindicatos que lo suscribieron, pero sus responsables aseguran que "se trata del menos malo" que se podía firmar tras ocho años de negociaciones.

N obstante, las dos centrales han decidido que sean los 75.000 trabajadores los que tengan la última palabra sobre el "asunto ITP" y convocarán el próximo 17 de setiembre un referéndum para conocer el respaldo de los trabajadores a la última oferta de la empresa.

Dicho acuerdo consiste en el compromiso de la empresa de aportar al futuro fondo unos 237.000 millones de pesetas, un 10,2 por cien más que la cantidad ofrecida por la dirección al inicio de las negociaciones, en concepto de derechos consolidaos.

A Telefónica sólo le queda aportar unos 110.000 millones de pesetas de ese dinero, aunque el coste real sólo lo fijará el cálculo actuarial de la mutualidad, que según las primeras estimaciones podría situarse en los 700.000 millones de pesetas.