Esta reivindicación del sindicato se produce después de que el Tribunal Constitucional haya avalado la congelación salarial de los funcionarios adoptada por el Gobierno del PP en 1997 para intentar recuperar la situación de la economía española, decisión con la que se incumplió un acuerdo firmado por el anterior Ejecutivo socialista y los sindicatos en 1994.

El vicepresidente de CSI-CSIF, Josep Lluís Bauzá, denunció hoy, en declaraciones a Servimedia, que la eficacia de los acuerdos que se realizan en la actualidad es cuestionable y afirmó que la decisión del Constitucional "lo que hace es mermar la negociación" de los representantes de los trabajadores.

"Debe haber una legislación que sirva como marco para los empleados publicos de este país y que deba ser cumplida por cualquier partido politico", aseguró Bauzá.

En cuanto a la posibilidad de recurrir la decisión del Constitucional al Tribunal de Estrasburgo, el vicepresidente de CSI-CSIF afirmó que el siguiente paso será que la asesoría jurídica del sindicato lo valore.

Así, si los abogados de la organización consideran que la reclamación "puede ser efectiva", entonces recurrirán a la instancia comunitaria.