Dicho acuerdo supone eliminar las especialidades que ahora tienen los 6.000 funcionarios del Grupo B de la Agencia Tributraria y crear con todos ellos un cuerpo laboral único que permita darles más moilidad entre los departamentos de la administración fiscal, ya que carecerán de unas funciones determinadas reconocidas.

Con este compromiso, la Agencia ha intenado poner fin al conflicto que mantiene desde hace más de un año el cuerpo de los subinspectores con Hacienda, porque no se les reconocen legalmente las funciones que vienen desempeñando y que incluyen tareas que sólo debería hacer los funcionarios del Grupo A, es decir, los inspectores, cuya remuneración es muy superior.

El problema, segn CSI-CSIF, estriba ahora en la multitud de peticiones de anulación de actuaciones que pueden empezar a pedir los contribuyentes afectados por expedientes fiscales, al haber sido instruidos por funcionarios sin competencias reconocidas para hacerlo.

"Al no reconocerse las funciones y competencias de los funcionarios a los que afecta el acuerdo", señala el sindicato, "nos podemos encontrar con la ilegalidad de las actuaciones de dichos funcionarios".

Además, recuerda que se pueden poner en peligrolos derechos y garantías de los contribuyentes, y que UGT y CCOO, con su firma, "se hacen copartícipes de la situación de manifiesta ilegalidad en la que están actuando un importante número de funcionarios".

Para CSI-CSIF, con el acuerdo, la Agencia sólo ha buscado dar a los responsables de Hacienda "un arma a presentar en el Parlamento y frenar así las propuestas presentadas por distintos grupos parlamentarios".

Asímismo, la solución al conflcito propuesta por Hacieda y firmada por UGT y CCOO "n hace más que seguir defendiendo los intereses corporativistas del Grupo A, al que pertencen la totalidad de los directivos de la Agencia".

Y LOS SUBINSPECTORES...

Por su parte, la vicepresidenta de la asociación de subinspectores, Alicia Arteta, ha declarado a Serviemdia que "en el fragor del conflicto" los responsables de la Agencia Tributaria han llegado a adoptar medidas contra los funcionarios rebeldes que podrían constituir un delito de prevaricación.

En éste sentido, afirman que sus abogdos han empezado a ultimar las querellas correspondientes para presentarlas en los tribunales en los próximos días. Los subinspectores -unos 2.000- son uno de los colectivos más afectados por el acuerdo, y mantienen una huelga de celo desde comienzos de año que estiman ha supuesto una pérdida de recaudación por expedientes paralizados de unos 200.000 millones de pesetas.

Este colectivo ha emitido un comunicado conjunto con las demás asociaciones profesionales de la Agencia Tributaria en el que rechaza los términos del acuerdo con UGT y CCOO, a los que no consideran representativos del colectivo de funcionarios afectado y afirman que reconocen los compromisos firmados.

Dichas asociaciones, afirman en su nota que están estudiando la adopción de medidas "que pueden traer consigo la paralización del funcionamiento de la Agencia Tributaria.