El grupo que viajará a Cataluña estará formado por una docena de representantes políticos, entre ellos Pagazurtundua, para quien se trata de un “hecho histórico”. “Van a ponerse al descubierto las políticas de control social de décadas, de autocensura, que existen en Cataluña, donde están afectados los derechos fundamentales”, advirtió.

El grupo conocerá durante tres días la situación de varios centros educativos y se entrevistará con colectivos de afectados, familias que acudieron al Parlamento Europeo denunciando la situación, profesores, autoridades de la Generalitat, del Síndic de Greuges, del TSJ de Cataluña y responsables de la inspección y del sector educativo catalanes.

La misión fue aprobada en octubre de 2022. El programa previsto incluye entrevistas con quienes llevaron la petición de ayuda al Parlamento: la Asamblea por una Escuela Bilingüe y varias familias de niños que sufren “discriminación”. Los eurodiputados van a visitar además dos colegios, se entrevistarán con profesores y conocerán el trabajo de la Fundación Bofill.

Mantendrán encuentros con miembros de la judicatura, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, y de la Sala de lo Contencioso, Javier Aguayo, así como con la consejera catalana de Educación, Anna Simó, y el presidente del Consell Escolar de Catalunya (CEC), Jesús Viñas.

También con el presidente del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (Csase), Carles Vega Castellví (TBC); la directora de la Alta Inspección de Educación, Josefina Beltrán, así como con el Síndic de Greuges y el sindicato USTEC-STEs. Tras estos tres días de trabajo, los eurodiputados elaborarán un informe de conclusiones y recomendaciones.

Esta misión se lanzó en febrero de 2022 en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que había recibido la denuncia por discriminación presentada por varias organizaciones de afectados como la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Tras la propuesta presentada por Ciudadanos, fue aprobada en octubre del mismo año.

La misión fue propuesta por Ciudadanos ante “la existencia en Cataluña de una discriminación que va en contra del multilingüismo y de la ley y las sentencias judiciales, así como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño de Unicef y el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE”.

A juicio de Ciudadanos, esta “discriminación” es “especialmente grave” porque “proviene de la Administración que tiene las competencias educativas y se produce ante la inacción del Gobierno del Estado”.