Actualmente, esta iniciativa está asentada en 19 provincias y da cobertura a 1.500 personas con problemas de adicción y marginalidad.

Según los responsables de la iniciativa, cualquier toxicómano puede acceder al servicio sin necesidad e superar los criterios de selección y sin aguardar listas de espera.

El Ministerio de Asuntos Sociales financia el programa a través de los fondos del 0,5 por ciento del IRPF, con unos 102 millones de pesetas.