En ese sentido, los rectores valoraron en un comunicado que la nueva Ley establezca "por primera vez en su articulado el incremento de la financiación pública hasta al menos el 1% del PIB".

Del mismo modo, Crue señaló que "es importante que se preste en general una mayor atención a la I+D en todo el sistema universitario, y en particular en conectar las universidades con otros centros educativos, culturales y científicos para incentivar la investigación y reforzar las actividades educativas científicas y las vocaciones científicas".

Los rectores también valoraron positivamente que la Ley incluya la propuesta de que el mandato de rector sea único y de seis años improrrogables y que se plantee una nueva carrera académica. También que contenga apartados sobre formación permanente, ciencia abierta y ciencia ciudadana. "Además, es muy positivo el refuerzo de la autonomía universitaria al incorporar una mayor capacidad de desarrollo de algunos artículos por parte de las universidades a través de sus estatutos", agregaron.

Por lo que respecta al profesorado, Crue también ve con buenos ojos la apuesta por la reducción de la temporalidad y precariedad, pero plantea que "el máximo del 8% de temporalidad no debe afectar al profesorado asociado". "Además, la reducción del encargo docente en ciertas figuras debe ir acompañada de una fórmula de financiación que compense la necesidad de una mayor contratación", agregaron.

"Crue considera que todavía queda espacio de mejora en la tramitación del anteproyecto y continuará realizando propuestas para la elaboración de las enmiendas", concluyó la organización de rectores.