Durante un encuentro en la sede del Ministerio, Alcón trasladó a Subirats la situación de urgencia y le pidió que se detalle con la mayor brevedad el compromiso de las distintas administraciones para alcanzar el incremento, como mínimo, hasta el 1% del PIB nacional que fija la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y que supondría un aporte extra para las universidades públicas de más de 3.000 millones anuales.

Alcón acudió al encuentro con el presidente de Crue i+D+i y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, y el presidente de Crue-Profesorado y rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia.

Según informó la conferencia de rectores, la presidenta reconoció la complejidad del problema, como consecuencia del modelo autonómico y de su reparto de competencias, en el que las autonomías son las principales responsables de la financiación ordinaria anual de las universidades, pero también que nada impide desplegar programas estatales de financiación al sector con objetivos específicos. Desde las universidades, aseguró, se entiende que debe ser una prioridad la asignación de recursos del Estado a las comunidades autónomas para prestar los servicios de educación universitaria y garantizar los principios de igualdad de oportunidades y de equidad.

Antes del encuentro de la rectora y el ministro, tuvo lugar otra reunión entre representantes del Ministerio y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la presidenta del Grupo de Trabajo para la Financiación universitaria de Crue, la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, para conocer el estado del informe encargado el pasado mes de marzo al Ivie sobre el desarrollo de los instrumentos de programación plurianual por objetivos, "una reivindicación histórica" de Crue.