Croissier señaló que la labor de control e información de la CNMV se ha cumplido con rigor desde que KIO hizo su entrada en las bolsas españolas, y señaló que, de no haber sido así, la actual situación de suspensión de pagos del grupo hubiera supuesto un "terremoto" en el mercado financiero nacional.

Durante su intervención en la Cámara Baja indicó que cualquier responsabilidad que pueda exigir l CNMV por las supuestos actos ilegales que investiga se hará ante la sociedad que las haya cometido, no a los administradores, y advirtió que las multas a que dé lugar un expediente sancionador, si éste se produce, son acumulativas y pueden alcanzar el 5 por cien de los recursos propios.

Uno de los momentos más tensos del debate lo protagonizó Croissier con el portavoz del Grupo Popular Luis Ramallo, quien acusó al presidente de la CNMV de "bajar la guardia" en su labor de control de los mercados, y lnzó acusaciones veladas de amiguismo hacia el máximo responsable de la Comisión de Valores, los ministros de Economía e Industria y los responsables de las inversiones de KIO en España.

Croissier respondió a Ramallo calificando sus palabras de "bazofia" dialéctica y mostró su preocupación porque el primer grupo de la oposición esté más interesado en levantar polvaredas que en atender a la extensa documentación que durante cuatro horas facilitó el presidente de la CNMV a los grupos parlamentarios.

Por su parte, el punto de consenso de la sesión parlamentaria se produjo en torno a la petición de que la CNMV abra expedientes sancionadores a Torras. Todos los portavoces coincidieron en que hay elementos suficientes para tomar esa medida, al margen de lo que puedan decir los tribunales ordinarios en los procesos abiertos sobre la misma cuestión.

El presidente de la CNMV respondió a esta invitación en los pasillos del Congreso, cuando a preguntas de los periodistas respondió que la Comisión actúa deacuerdo con la legalidad, y hay que probar si existen argumentos suficientes para abrir un expediente.

Reiteró que las actuaciones administrativas se entrecruzan con temas sometidos a dictamen judicial y esto impide a la Comisión dar pasos adicionales a los que ya ha emprendido.