El archivo significa que el caso puede reabrirse si aparecen nuevos datos que impliquen la comisión de algún delito, pero de momento la Sala Segunda del Supremo no encuentra en el informe Crillón, que elaboró la agencia norteamericana Kroll por 67 millones de pesetas, ninguno de los delitos que denuncia el ex director general de la Guardia Civil.

Roldán acusaba a Serra y García Vargas de los delitos de maversación de caudales públicos, chantaje, actuación para impedir el ejercicio de derechos cívicos y prevaricación, ninguno de los cuales ha sido apreciado por el Supremo.

El Alto tribunal afirma que el informe Crillon se refiere a actividades públicas y financieras de Conde "sin entrar en datos relativos a su vida privada y sin caer en ataques a su honor y reputación".

Sobre el empleo de fondos reservados para pagar el informe, la Sala los considera bien empleados porque no tuvieron una finalidadde carácter privado, sino de interés público, ya que se trataba de conocer posibles irregularidades en la gestión de Conde "que podrían provocar graves riesgos en el sistema financiero nacional, razón por la que presta una especial atención a las actividades que se desarrollaban en el extranjero".

Por otro lado, el Supremo no considera probado que el informe Crillón fuera encargado por Serra o García Vargas, lo que no importa, porque no hay indicios delictivos en el mismo.

La Sala Segunda puso esecial interés en averiguar si en la confección del informe se emplearon medios ilícitos, como intervenciones telefónicas o postales, pero de las investigaciones no se deduce que así fuera.