“Las indemnizaciones se valorarán en cada caso entre 6.000 y 100.000 euros a sufragar por un Fondo creado por CEE y Confer para la reparación dotado inicialmente de 50 millones de euros”. Así puede leerse en el documento entregado a la CEE el 17 de noviembre, que remarca que “las víctimas deben ser reparadas íntegramente, incluyendo la verdad, justicia (también la restaurativa), reparación, memoria y garantías de no repetición”.

“La reparación se realizará con cargo a un patrimonio propio adscrito a este fin, para el que no deben utilizarse fondos aportados por los fieles ni contribuciones vía IRPF. No cabe socialización del riesgo con los feligreses”, remarcó el despacho en un texto de 956 páginas en el que también se hace un nuevo cálculo de víctimas de abusos eclesiales.

“Lo único que hoy puede documentarse y aportarse como una comprobación histórica es el número de denuncias formuladas. 1.383 es la cifra de denuncias que podemos presentar. De esas denuncias se deduce un mínimo de 2.056 víctimas, pues en muchas denuncias se habla de 2, 3, 5 y hasta 15 víctimas y en casi 300 denuncias se refieren a abusos realizados sistemáticamente por un victimario a lo largo de varios años. No hemos encontrado más denuncias, después de haber 855 revisado todas las fuentes a nuestro alcance”.

Además de ese fondo de indemnización, el informe Cremades (en el que han participado 40 profesionales durante 100.000 horas de trabajo), plantea otras nueve recomendaciones, que pasan por un Plan de Reparación Integral, “con un procedimiento definido para la reparación, para toda la Iglesia Católica en España, es decir incluyendo a diócesis y a órdenes”; que la Conferencia Episcopal Española solicite a la Congregación para la doctrina de la Fe de la Santa Sede “que levante la prescripción del delito para que los casos puedan ser juzgados canónicamente” y que los derechos procesales canónicos reconozcan a las víctimas como sujetos de derechos.

VERDAD Y DISCULPAS PÚBLICAS

“La iglesia debe reconocer la verdad, revelarla públicamente y ofrecer disculpas públicas e inequívocas, pero también privadas a cada víctima”, propone también el informe, que llama a “poner en manos de la justicia todos los casos que conozca y adoptar medidas disciplinarias contra las personas victimarias, suspendiéndolas del ejercicio y apartándolas de todo acceso a niños, niñas y adolescentes”.

Otras recomendaciones son “prestar la ayuda psicológica, psicosocial y/o médica requerida, así como ayuda jurídica”; “realizar memoriales y un acto de conmemoración pública”; “habilitar un canal de denuncias externo e interno que garantice la confidencialidad y el anonimato si así lo requiere el denunciante” y entregar al Papa los resultados de la auditoría.

El documento también propone a los obispos “mantener un buen orden en los archivos” y remarca que los obispos españoles necesitan educación emocional. Sin embargo, el informe Cremades reconoce que el Plan de Reparación Integral, anunciado por la Conferencia Episcopal tras su Asamblea Plenaria de noviembre de 2023, “es el camino adecuado para su debate, mejora, e incorporación a las prácticas habituales de la Iglesia”, aunque se debe profundizar y mejorar la prevención.

NEGACIÓN

“Nuestra investigación muestra que en la Iglesia católica española no sólo hay un gran número de víctimas de abusos, sino que la reacción de la Iglesia, hasta fechas muy recientes, se ha caracterizado por la negación, la falta de sensibilidad y un enfoque defensivo hacia el problema y los denunciantes, provocando incomprensión y distanciamiento social”, puede leerse en los últimos párrafos del documento.

Pero este informe también evidencia que en los últimos años se ha producido “un cambio significativo en España en la respuesta a los abusos sexuales en la Iglesia católica, tanto por parte de la propia Iglesia como del sistema judicial y los poderes públicos”. “Este es el primer paso para abordar los problemas de fondo, desarrollando una comprensión más clara de la magnitud y las causas profundas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia”, subrayó el informe.

“Con todo, la labor de reconocimiento y justicia a las víctimas está por empezar”, denunció el trabajo del bufete, que también justificó que la Iglesia sea la primera en abordar esta lacra, aunque esté “sufriendo un durísimo reproche social”. "No pocos cardenales, obispos, sacerdotes y fieles laicos pensaban que era un error aceptar que la Iglesia debía rendir cuentas en este momento y de esta forma", protestaron los redactores en otra parte del informe, apuntando en la especial "ejemplaridad" que debe dar la Iglesia ante esta lacra.

“La autoridad de la Iglesia y la presunción de inocencia de los clérigos y colaboradores de la Iglesia está en juego. La Iglesia tiene su responsabilidad en ello. Un importante proceso de respuesta institucional ha empezado a ser puesto en funcionamiento por la Iglesia española en los últimos años. Se han dado pasos muy serios aun claramente insuficientes. Deben ampliarse y completarse”, puede leerse también.

Para el informe Cremades, “desgraciadamente” los delitos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables se siguen cometiendo, “pero no pueden volver a suceder en la Iglesia”.