Durante su intervención en el seminario "El sector público española ante el Mercado Unico", dirigidopor el profesor Enrique Fuentes Quintana, Barea expuso las profundas diferencias que pueden observarse en los países de la CE en el grado de protección social por habitante.

Estas diferencias llegan a ser de 1 a 9 en una escala en la que el 9 corresponde al país de la CE con mayor grado de protección y el 1 al Estado con menor grado de protección.

Las distancias en materia de protección social entre los países de la CE suponen casi el doble de lo que a la renta por habitante se refiere con una esala, ésta, que registra entre los Doce diferencias de tan sólo 1 a 5, explicó también Barea.

La divergencia en materia de protección social se manifiesta también en la distribución de los recursos disponibles para este fin.

Frente a esta situación, agregó el conferenciante, la nueva orientación dada por la CE, en parte presionada por la actitud de los sindicatos trabajadores de los estados miembros, ha sido la de hacer converger prioritariamente en ciertos objetivos las políticas nacionales de prtección social, respetando los sistemas de Seguridad Social existentes.

CONVERGENCIA SOCIAL INVIABLE

José Barea señaló que, de aprobarse por los Doce, la convergencia de las políticas de protección social resultará inviable en la práctica, tanto por la evolución demográfica que va a tener cada país comunitario como por el efecto sobre la competitividad de los países menos desarrollados.

La incidencia en la evolución demográfica de cada país de la CE sobre el gasto de protección social prevista n el período 1980-2040 es muy desigual, añadió Barea.

Mientras que para Alemania esta incidencia sólo supone para el conjunto del período un 8 por ciento en términos constantes, para España dicho aumento es del 63 por ciento, siendo el 25 por ciento la media no ponderada de los ochos países de la CE analizados.

España es, por tanto, el país donde la incidencia de la evolución demográfica en el gasto de protección social va a ser más fuerte, según el mismo economista.

Para financiar ese aumeno de gasto sin incrementar presupuesto ni cotizaciones sociales, dijo que sería necesario que la remuneración real por trabajador creciera para el conjunto de la CE en el 0,65 por ciento acumulativo anual durante el período 1980-2040.

Para España, el aumento de la remuneración real por trabajador tendría que ser del 0,78 por ciento acumulativo.

Dado que a partir de 1993 los costes se convertirán en el elemento clave de la competitividad, la política de convergencia en protección social llevaría alos países comunitarios con menor grado de protección social, precisamente los menos desarrollados y menos competitivos, a una pérdida de su competitividad, con una caída de la actividad y el empleo.

El conferenciante también dijo que, como las mayores ventajas del Mercado Unico van a ser para los países centrales de la CE, los más desarrollados, y los mayores riesgos para los Estados periféricos, menos desarrollados, parece lógica la europeización de determinados programas de protección social.

Precisamente", detalló, "aquellos sobre los que la implantación del Mercado Unico de 1993 va a tener mayor incidencia: paro, jubilaciones anticipaddas y lucha contra la pobreza, haciendo realidad el objetivo de cohesión social a que se refiere el artículo 130, introducido en el Tratado de Roma por el Acta Unica".

Barea propuso, finalmente, que la financiación del citado programa se haga a través del `cuarto recurso'; es decir, con aportaciones de los Estados miembros en función de los PNB respectivos.