La Plataforma ha sido promovida concretamente por las organizaciones del transporte Fenadismer y Uniatramc, los sindicatos UGTy CCOO, la Fundación Ramón Rubial de Españoles en el Extranjero y distinas ONGs relacionadas con la protección de españoles en el extranjero.

Juan José Gil, secretario general adjunto de Fenadismer, explicó esta tarde a Servimedia que ésta es "una Plataforma abierta, y las entidades que quieran incorporarse posteriormente serán bien recibidas".

Gil indicó que desconocen el número de transportistas españoles que están detenidos en el extranjero, pero recordó que en la actualidad, según datos de laDirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, hay 1.421 españoles detenidos en hasta 52 países distintos, muchos de los cuáles Fenadismer asegura que están vinculados al transporte por carretera.

Según esta patronal, aunque los motivos principales de estas detenciones son el tráfico de drogas, en un alto porcentaje dichos transportistas son engañados al meterles las drogas entre sus mercancías sin que ellos lo sepan. En otros casos, añade esta patronal, meten a emigrants que se colocan de forma clandestina en los bajos de sus vehículos para entrar de modo ilegal en España.

Gil explicó que la finalidad de la Plataforma creada hoy es promover medidas ante las administraciones españolas y de la Unión Europea (UE) para salvaguardar los derechos de los conductores españoles procesados en el extranjero, durante el proceso de incriminación con la asistencia jurídica necesaria que permita una defensa adecuada.

Además, también propondrán el establecimiento de medidas prventivas para dotar de una mayor seguridad al transportista en sus desplazamientos, como el establecimiento de precintos obligatorios y un mayor control del vehículo en fronteras, entre otros.

Según Gil, la Plataforma elaborará un ideario con sus propuestas básicas, que esperan concluir en diciembre, fecha a partir de la cual solicitarán reuniones al Gobierno español y a la UE. Explicó que también defenderán sus propuestas ante gobiernos de terceros países, fundamentalmente del norte de Africa y sobretodo de Marruecos, que es donde se producen los principales problemas en esta materia.

"Esperamos que nuestras propuestas sean atendidas y en el futuro se promuevan medidas a nivel comunitario. Confiamos en que salga una normativa a nivel europeo que establezca una serie de garantías a esos derechos que deben ser cumplidos por todos los estados miembros respecto a ciudadanos de otros países", concluyó.