A su juicio, eso supondrá un recorte de la competitividad de la empresa española y un freno a la reducción de la inflación, además de repercutir negativamente, en algunos casos, en la lucha contra el fraude fiscal.

El encarecimiento de los costes laborales será superior a 1,5 puntos en las empresas con trabajadores de más categoría, como las de energía, seguros y telecomuicaciones, y podría alcanzar los 2,5 puntos en las instituciones financieras.

La razón estriba en que estos sectores se verán más perjudicados por la elevación de las bases de cotización máximas para las categorías superiores a las de oficiales administrativos, que serán igualadas con las más altas del sistema.

La denuncia del BBV viene a sumarse a las críticas vertidas desde la patronal CEOE y otros ámbitos empresariales contra el encarecimiento de los costes laborales que provocará la mayor preión tributaria de la Seguridad Social y la tensión añadida que introducirá en la negociación colectiva del 93.

PRESUPUESTO ELECTORALISTA

Por otra parte, el Servicio de Estudios del BBV considera "electoralista" el Presupuesto del Estado de 1993, por conjugar el crecimiento de los gastos sociales y una mayor carga impositiva sobre las empresas.

No obstante, entiende que el presupuesto es restrictivo, especialmente en lo que se refiere a los gastos de personal, y "además se puede considerar forzao por las circunstancias económicas en que se desarrolla".

Ejemplo de ello es, según el BBV que sólo el pago de los intereses de la deuda y la regulación de producciones de los mercados agrarios y pesqueros supondrán un incremento del gasto de 580.000 millones de pesetas.

El BBV estima también que la inversión real de las Administraciones Centrales descenderá el año que viene en torno a un 2 por ciento en términos reales, mientras que el déficit del Estado se aproximará el 3 por ciento del PIB. Ambas cifras discrepan con las manejadas en los Presupuestos del Estado, que prevén un incremento de la inversión pública del 1 por cien, y un déficit del Estado del 2,6 por cien del PIB, unos 250.000 millones menor que el estimado por el BBV.