Se trata de un coste muy aproximado, explicó Caldera, "ya que una parte de la ley se puede cuantificar, mientras que otras medidas que contempla no se pueden calcular porque dependen del impacto que tengan los nuevos derechos", aseguró Caldera.

"Las medidas más facilmente cuantificables son las que tienen que ver con la Seguridad Social. Regulamos nuevos derechos, pero no sabemos cuántas personas los van a solicitar, por eso los cálculos son difíciles de hacer. Nuestroscómputos nos indican que el total del coste de esta ley está en torno a los 400 millones de euros anuales", explicó Caldera.