El nuevo Reglamento amplía los poderes de Costa, que ahora puede nombrar al vicepresidente (antes lo hacía el Gobierno a propuesta de la CNE) y a los distintos directores de área.

Para seis de los ocho consejeros (el noveno es la presidenta), el Reglamento es ilegal porque modifica cuestiones esenciales de la Ley del sector de Hidrocarburos de 1998 con un simple Real Decreto. Los consejeros están sopesando presentar una cuestión de ilegalidad ante los tribunales.

Por su parte, la presidenta de la CNE, Maite Costa, trató de calmar ánimos el pasado viernes y garantizó en el Consejo de Administración que no haría uso de sus nuevos poderes, a lo que los consejeros respondieron que estas facultades, de hecho, restaban independencia a los directores, que podían ser destituidos por la presidenta si no seguían sus criterios.