El texto de la propuesta se refiere también "a los demás implicados en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que confirma las penas impuestas por la Audiencia de Málaga en 1990", y hace extensiva la petición "a cualquier persona que se encuentre en análogas circunstancias".

Mediante la resolución aprobada, las Cortes Valencianas instan también al Gobierno Central a que "adopte las adecuadas decisiones para configurar el arco adecuado que permita una actuación libre y responsable, basada en las propias convicciones éticas o religiosas, sin que puedan producirse sojuzgamientos o imposiciones de una moral sobre otra".

La moción aprobada es una iniciativa de Esquerra Unida que ha sido apoyada también por el PSOE, tras presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo.

Los otros dos grupos con representación en la Cámara, PP y Unión Valenciana, se han abstenido en la votación argumentando la "falta de clariad y la ambigüedad del texto presentado".