El documento de estimación económica de este sistema, al que tuvo acceso Servimedia, indica que las pensiones, pago de cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas económicas e indemnizaciones costarán en su primer año de aplicación un máximo de 9.883.676 euros.

Con el fin de hacer frente al pago de estas prestaciones, los Presupuestos del Congreso y del Senado consignarán una partida específica para crear un Plan de Previsión Social, que el grupo de trabajo encargado de elaborar esta propuesta calcula en 2.489.592 euros anuales.

El Reglamento de Pensiones Parlamentarias y Otras Prestaciones Económicas aprobado hoy tiene como objetivo "situar a los parlamentarios españoles en un nivel equiparable a la media de los países de nuestro entorno", para lo que articula un mecanismo que permita que, en los supuestos en los que no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, las Cámaras abonen la diferencia.

Este es el objetivo de la llamada "pensión parlamentaria", de la que se podrán beneficiar quienes hayan sido diputados o senadores durante al menos siete años y hayan cumplido la edad de jubilación u obtenido la jubilación anticipada, siempre que tengan al menos 60 años y 40 cotizados, o tengan reconocida la invalidez permanente.

Su cuantía será la diferencia entre la de la pensión o pensiones percibidas y el límite máximo de percepción de pensiones públicas, en caso de los ex parlamentarios con más de once años de mandato; el 90 por ciento de este máximo a los que tengan entre nueve y once años; y el 80 a los que hayan pasado en el Congreso o el Senado de siete a nueve años.

El pago de estas pensiones implicaría un coste inicial de 171.111,13 euros, y un máximo de 932.882,74 para hacer frente a las de 2008, suponiendo que se acojan a esta prestación el 60 por ciento de los 351 ex parlamentarios que cumplirían los requisitos para solicitarla en abril de 2008.

DESEMPLEADOS

El segundo capítulo está destinado a los ex parlamentarios que, en el momento de su cese, hayan cumplido 55 años y carezcan de actividad profesional o laboral permanente, a los que las Cortes mantendrán en situación de alta en la Seguridad Social hasta que completen el periodo de cotización necesario para tener derecho a la pensión de jubilación.

El anexo económico indica que al acabar la legislaturahabrá 169 ex parlamentarios con más de 55 años en el Régimen General de la Seguridad Social, por lo que en caso de que cumplan el resto de los requisitos 101 personas, el 60 por ciento, porcentaje máximo que calcula el documento, el coste sería de 1.042.719,96 euros.

Estos ex parlamentarios tendrán derecho además a una ayuda transitoria equivalente al 60 por ciento de su asignación constitucional (el salario que cobraban en activo) hasta que complete el periodo de cotización necesaria para tener derecho a la pensión, lo que costaría 2.249.588 euros, para 107 potenciales beneficiarios.

VIUDOS E HIJOS

El sistema prevé otra ayuda económica de carácter graciable para los ex parlamentarios con menos de siete años de mandato, así como sus viudos o hijos menores de 25 años en caso de fallecimiento, de las que se podrían beneficiar 15 personas, con un coste estimado de 165.167,70 euros.

Por otro lado, al fallecimiento del ex parlamentario que hubiera desempeñado su mandato durante al menos siete años, su viudo o hijos menores de 25 años percibirían un pago único por un importe equivalente a dos meses de la asignación constitucional por cada año de mandato.

Las Cortes estiman que los 627 ex parlamentarios con esa permanencia en el Parlamento tienen una edad media de 61 años y prevé que los "posibles causantes" de los citados derechos a prestaciones en 2008 serán 9, con una media de mandato parlamentario de 11 años, lo que implica un coste en prestaciones de 578.160 euros.

INDEMNIZACIÓN POR CESE

El siguiente capítulo se refiere a las indemnizaciones para los miembros de las Cortes que causen baja por disolución de las Cámaras, que tendrán derecho a percibir una indemnización de transición en un pago único de 6.508 euros en caso del Congreso, un total de 173.775 para los 350 diputados; y de 5.835,87 en el del Senado, lo que implica 1.073.800 para los 259 senadores.

Para los casos de cese definitivo, los ex parlamentarios que no repitan en las Cámaras, la indemnización será equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario, hasta un límite máximo de 24 mensualidades, con un coste estimado total de 4.915.117,6.

Las pensiones parlamentarias y la ayuda transitoria para ex parlamentarios que no obtengan empleo se concederán a partir del inicio de la novena legislatura, la próxima, aunque quienes tengan la condición de ex parlamentarios podrán obtener su concesión a partir de enero de 2007.