Esta resolución fue dada a conocer hoy por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que destacó que este pronunciamiento de los jueces europeos pone "en cuestión" el actual régimen disciplinario del Instituto Armado.

A este respecto, AUGC anunció esta mañana movilizaciones para la primera quincena de diciembre, por entender que el PSOE ha incumplido sus promesas electorales respecto a modificar el régimen disciplinario de la Benemérita y permitir que sus miembros puedan asociarse como los policías.

En este sentido, la sentencia de la Corte Europea declara que en el caso del agente Juan Carlos Costa Silva, que fue objeto de un arresto domiciliario en 1998, hubo violación del artículo 5.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Según los magistrados europeos, este guardia vio vulnerados sus derechos cuando fue objeto de un arresto domiciliario por no haber informado de forma debida a sus mandos de que iba a visitar a un familiar gravemente enfermo.

Por su parte, el agente afectado manifestó en rueda de prensa que su caso es uno más de los numerosos guardias civiles que han sido arrestados o encarcelados desde que se aprobó en 1991 la legislación que en la actualidad se aplica a la Guardia Civil.

Esta normativa, según este agente, ha permitido que los miles de arrestos y encarcelamientos de miembros de la Benemérita desde hace una década sumen un total de 500 años de privación de libertad.