Caldera presentó hoy una moción, que se debatirá en el pleno del próximo día 14, en la que piden la destitución del director general de Correos y la reprobación de la gestión del ministro, Rafael Arias Salgado, por la adjudicación del contrato de la nueva sede de Correos. Además, ha pedido diversa documentación relativa a las contratciones de la Gestora de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

Ortiz le respondió en rueda de prensa que cada grupo "es dueño de pedir lo que quiera", pero tendrá que acatar el resultado de la votación. "Evidentemente, no va a ganar, porque la mayoría que apoya al Gobierno es muy clara y porque carece absolutamente de fundamento".

Además de ironizar sobre "la fijación psíquica" de Caldera con este asunto, Ortiz aseguró que ni en el caso del GIF ni en el del arrendamiento de la nueva sede de Correos"ha habido nada que no esté ajustado a derecho y ajustado a la ética".

En este segundo caso, Ortiz aseguró que, para comprobarlo, basta con comparar el contrato de la nueva sede de Correos con la de la sede actual, tanto en sus condiciones como en el procedimiento de aprobación. El actual, dijo, "se hizo por adjudicación directa" y en condiciones "claramente peores" ya que el precio del metro al mes pasará de 3.350 a 2.250.

Ortiz reconoció que se estudiaron tres ofertas "y una de ellas parece quepueda ser de la Dirección General de Patrimonio, pero la información que yo tengo es que ese edificio no era adecuado ni por su dimensión, ni por su superficie, ni por sus condiciones para las necesidades de la Dirección de Correos".

INHIBICION

Caldera también ha pedido los documentos de inhibición en estas negociaciones del director general de Correos. Ortiz aseguró que se inhibió "de hecho", ya que no participó en las negociaciones, aunque después firmara el contrato como responsable del órgano decontratación.

Además, aseguró que el informe solicitado a los servicios jurídicos fue "concluyente" en el sentido de que "no tenía que haberse inhibido, a la luz del artículo 2, apartado 3 de la Ley de Incompatibilidad de los altos cargos". Por tanto, pidió "que no se vuelva a pedir el documento que acredite la inhibición, porque es evidente que no se inhibió, porque no tenía que haberse inhibido".

En el caso del GIF, Ortiz recordó que el informe del juez instructor revela que "no había lugar a l exigencia de responsabilidades" a los dos funcionarios cesados y expedientados "porque quedó acreditado que no había ni asomo ni indicio alguno de corrupción".

En contra de las afirmaciones de Caldera, Ortiz aseguró que el Ministerio de Fomento, ahora y siempre, adjudica los contratos a partir de una doble valoración, técnica y económica. "La pura adjudicación a la oferta más barata no crea sino corruptelas", remachó.

Finalmente, Ortiz aseguró que su Grupo respaldará cualquier petición de informción que formulen los socialistas, en virtud de la "absoluta transparencia" con la que actúa el Gobierno. "Cuando uno no tiene nada que ocultar, no tiene ningún reparo en enseñar ningún género de documentación", dijo.