Según expuso en su discurso en el Foro ABC, en los últimos cuatro años "hemos desarrollado mejoras en nuestro sistema de protección social que han elevado su intensidad y extendido su cobertura".

Y ello "ha sido compatible con la mejora de la situación financiera de la Seguridad Social. El sistema presenta un superávit presupuestario que, para 2009, se estima en 9.250 millones de euros". Ello va a permitir incrementar hasta 65.000 millones de euros el saldo del Fondo de Reserva al final de 2009 (desde los 57.000 actuales).

Según explicó, "la prioridad número uno del Gobierno en estos momentos es frenar el desempleo y superar la crisis económica. Una coyuntura que exige adoptar medidas para superarla con la mayor celeridad".

Para ello, "hemos adoptado ya cerca de 80 medidas dirigidas a impulsar la economía, a frenar el desempleo y a paliar los efectos negativos de la crisis sobre las familias y las empresas. Muchas de ellas están ya en vigor y otras se están ejecutando".

En este sentido, recalcó que "un problema insalvable es que las medidas adoptadas requieren en la mayoría de ocasiones un plazo de tiempo para ser efectivas, a diferencia que la crisis, que ha evolucionado a gran velocidad".

Los cambios estructurales deberán realizarse "con el mayor consenso posible, por un lado, con empresarios y sindicatos a través del diálogo social. Y también, de ser posible, con consenso político, cosa harto difícil de conseguir con el Partido Popular".

Según Corbacho, las ayudas directas a las familias y a las empresas impulsadas por el Gobierno, las de reactivación y fomento del empleo (como el nuevo fondo de inversión pública en el ámbito local, cuya buena acogida entre los ayuntamientos destacó) y las ayudas de apoyo extraordinario al sistema financiero (que comprometen 250.000 millones de euros) han hecho posible superar la "percepción de incertidumbre sobre potenciales riesgos para los ahorros" que hace tres meses tenía la ciudadanía.

Asimismo, el ministro aludió a "medidas de carácter extraordinario" emprendidas por el Ejecutivo. "Ya se ha puesto en marcha, por parte de los servicios públicos de empleo de las comuinidades autónomas, el plan extraordinario de orientación, que ha supuesto la contratación de 1.500 orientadores profesionales, con un coste total de más de 200 millones de euros".

A su juicio, éste "es el ámbito en el que deben abordarse cuestiones laborales de priomer orden que ya están sobre la mesa", como la modernización de los servicios públicos de empleo y la mejora y el impulso de los planes de formación profesional, "cuyos frutos se irán viendo poco a poco". "No vamos en la mala dirección", agregó.