Tras la denuncia de CEDRO y el posterior registro policial del establecimiento, en el que fueron requisados,entre otro material, medio centenar de libros fotocopiados, el juez ha considerado que los hechos constituyen un delito contra la propiedad intelectual.

La propietaria, que ya ha cerrado el negocio reprográfico, ha sido condenada, según CEDRO, a seis meses de multa y privación de libertad en caso de impago, así como al pago de las costas procesales. Además, el juez ha ordenado la destrucción del material requisado.

CEDRO, que gestiona de forma colectiva los derechos de propiedad intelectual de auores y editores de obras impresas en el ámbito de la reproducción reprográfica, estima que el fotocopiado ilegal de material protegido provoca unas pérdidas de negocio al sector del libro de unos 48.000 millones de pesetas anuales, de los cuales 17.500 son pérdidas en derechos de autor.