En su escrito, la coordinadora asegura que "algunos de nuestros lugares de reunión han sufrido incendio, en estaciones de trenes y metro se nos ha impedido repartir propaganda pidiendo el no en el referéndum, en Sevilla han sido multados compañeros que pegaban carteles pidiendo el no, la policía nos detiene, nos identifican y nos amenazan con multa y los servicios municipales de limpieza arrancan los carteles a los pocos minutos de haberlos colocado".

En declaraciones a los periodistas tras presentar el escrito, los dirigentes de la coordinadora Pepe Mejía y Angeles Maestro denunciaron también la "publicidad engañosa" que se contiene en la campaña institucional promovida por el Gobierno, en la que se difunden "partes del Tratado Constitucional favorables al mismo y no los que afectan directamente a la ciudadanía" y "perjudican a los ciudadanos".

Asimismo, denuncian que "los medios de comunicación públicos no facilitan la pluralidad de opiniones ni dan cabida en igualdad de condiciones a las posturas que defienden el no" y que "en muchos ayuntamientos se nos niegan espacios públicos para realizar actividades de información sobre los contenidos de la Constitución".

Por todo ello, la coordinadora reclama a la Junta Electoral Central que ordene "los límites de las campañas institucionales", que "adopte medidas que garanticen la pluralidad de posiciones en torno al referéndum, el acceso en términos de igualdad a los espacios públicos de opinión y que los medios de comunicación recojan todas las informaciones".