COOPERATIVISTAS DE PSV ESTUDIAN RECURRIR LA INTERVENCION DEL GOIERNO AL QUE CORRESPONSABILIZAN DE LA QUIEBRA
- Califican la intervención como "drástica y tendenciosa"
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La Unión de Cooperativistas y Perjudicados de PSV (UNICOPER) estudia recurrir la intervención del Gobierno en la cooperativa de UGT por considerar que el Ejecutivo es responsable encubierto de las presuntas irregularidades económicas.
El portavoz de asociación, José María Llorente afirmó que "si la maternidad de este engendro inmobiliario es de la central sindcal, la paternidad pertenece a las altas instancias gubernamentales, aunque se haya ejercido a través de la atípica figura de Paulino Barrabés".
"Por ello, la UNCOPER prepara ya la pertinentes medidas de defensa y presión legal para salvar integramente todos los derechos que se pongan en juego en el convenio de suspensión de pagos", señala la asocación.
En un comunicado de prensa, UNCOPER, denuncia que con la intervención "pretenden ahora, no sólo ocultar su culpabilidad en el deterioro del proyeto, sino aparecer farisáicamente como redentores del mismo y salvadores de las esperanzas de los cooperativistas".
Para UNCOPER la intervención acordada ha sido "calculadamente tardía" para poder, desde un estado de opinión pública alarmada por el caso PSV, "justificar una intervención excesivamente drástica y tendenciosa".
Asímismo, esta asociación argumenta que la ratificación de la suspensión de pagos "podía y debería haber sido" realizada por la Asamblea General en defensa de los intereses detodos los implicados", para preservar los derechos democráticos de los socios.
Esta posibilidad, según UNCOPER, dejaba abierta la posibilidad del contrato con IGS y "a la exigencia de responsabilidades desde la propia cooperativa por la abusiva gestión realizada por el principal instrumentos con el que UGT asegura el control del proyecto".
"En definitiva", añade la nota, "la intervención supone la consumación del secuestro que IGS ha venido practicando habitualmente sobre PSV con excusa de la reaización de gestiones".
Destaca que la intervención supondrá para muchos socios "un plan de esterilidad" que oculte un tramado plan para garantizar los "iniciales margenes de lucro inmobiliario solapados fraudulentamente por IGS tras las siglas de UGT".
Aún así, la asociación señala que "queda la esperanza de que la intervención del Gobierno ponga fin a tantos errores y suponga el inicio de una nueva línea de actuación".
(SERVIMEDIA)
12 Feb 1994
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