El Consejo de Ministros aprobó ayer la concesión de un aval de 8.733 millones de pesetas a PSV para desbloquear el proyecto y posibilitar la construcción de las viviendas. Con la concesión de este aval, el Gobierno ha dado luz verde al plan de viabilidad elaborado por los administradores judiciales.

En su nota, Uncoper explica que en una reunión prevista para el próximo día 4 de unio, los cooperativistas que integran esta asociación aprobarán la presentación de un recurso jurídico contra el plan.

Para Uncoper, "la reaparición de todo o parte de un dinero que nunca debió haber faltado, ya que fue esforzadamente adelantado por los cooperativistas, no supone más que un paso siempre positivo y facilitador, pero profundamente insuficiente para el calado de la crisis de la cooperativa".

A juicio de esta asociación, el problema de PSV actualmente es más de tipo societario, que inanciero. Uncoper acusa al Gobierno de "seguir amparando y protegiendo la gestión de IGS, de UGT y de destacados miembros del partido socialista, obstruyendo el control democrático de los socios desde la posibilidad de la asamblea general y manteniendo, con todo ello, el secuestro de la voluntad soberana de la cooperativa por los intereses financieros y defensivos de IGS".

Según Uncoper, las medidas de descentralización de la cooperativa son mínimas, ya que no se dota a las promociones de una entidad"auténticamente autónoma y cooperativa" y "se presiona y chantajea al socio mediante la amenaza de no avalarle si se independiza de IGS".

Además, explica Uncoper, "para colmo de males, se quiere cargar sobre los bolsillos del arruinado cooperativista el saneamiento de la bancarrota originada por unos nefastos gestores, mediante una derrama que está más relacionada con la necesidad de pagar los préstamos financieros que con el auténtico coste de construcción de las viviendas".

Uncoper denuncia tamién el hecho de que se penalice la retirada de aquellos cooperativistas que no deseen o puedan permanecer en el proyecto, negándoles, por tanto, "el legítimo derecho a la baja justificada, presionando a la permanencia y arrojando sobre la legalidad vigente sobre cooperativas todo tipo de sombras, dudas o tergiversaciones".

"Ante la falta de confianza que de todo esto resulta sobre los nuevos fondos existentes", concluye el comunicado, "la reacción no puede ser otra que la negativa, la retirada, la exiencia de las cantidades globales y el recurso contra esta nueva y calamitosa actuación gubernamental".