Las mismas fuentes explicaron que a lo largo de 1992 la PSV ha presentado en el Colegio de Arquitectos de Madrid proyectos de un total de 5.765 viviendas para su revisión que ya han sido resueltos, y que la promotora de viviendas de UGT no ha recogido, pese a habérselo otificado.

Por su parte, el gerente de PSV, Carlos Soto, señaló a esta agencia que existen proyectos sin retirar del Colegio "porque son para el programa de obras de 1993, lo que es absolutamente normal". No obstante, dijo, "no tengo ganas de discutir sobre este aspecto y he dado la orden de que se retiren todos los proyectos en un plazo de 24 horas".

Los responsables del Colegio de Arquitectos de Madrid aseguraron que durante todo el año 1992, la PSV no ha retirado "ningún proyecto". Explicaron ue los últimos proyectos de viviendas que ha presentado la promotora de viviendas ugetista en el colegio son del pasado mes de noviembre.

Según el Colegio de Arquitectos de Madrid, el coste de estas 5.765 viviendas asciende a unos 57.000 millones de pesetas, coste que puede aumentar considerablemente si continua el retraso en el inicio de la construcción de las viviendas.

"La construcción de estas viviendas no se ha iniciado en ningún caso" señalaron, "y he hablado esta mañana con cooperativistasy en algunos casos no tienen ni adjudicado el solar donde se van a construir. El problema es muy grave".

"A los cooperativistas les dicen que es culpa de los Colegios de Arquitectos y del ayuntamiento para que la gente no se queje", añadieron, al tiempo que aseguraron que la mayoría de los compradores de estas viviendas que todavía no se han iniciado han pagado ya entre 4 y 4,5 millones de pesetas.

Las fuentes del Colegio de Arquitectos de Madrid consultadas por esta agencia señalaron que muchos e los proyectos que todavía no han sido retirados por la PSV ya están en la asesoría para reclamarlos judicialmente, pero "creo que ellos tienen bastante fuerza como para no hacernos ni caso".

DECLARACIONES FALSAS

El gerente de PSV negó que sean más de 3.000 los proyectos pendientes de retirar y aseguró que la cooperativa sí ha retirado proyectos durante 1992. "Vamos metiendo proyectos en los colegios de arquitectos en función de las etapas de construcción y una vez revisados el promotor los saca cundo estima oportuno", señaló.

"En 1992 hemos retirado los proyectos de obras calificadas ese año. Ya sólo falta que el Colegio de Arquitectos de Madrid nos diga cuando tenemos que hacer nosotros las obras", añadió, al tiempo que dijo, refiriéndose al Colegio de Arquitectos de Madrid, que "son ganas de darle un matiz político-económico a un tema que no lo tiene".

Carlos Soto explicó que ha dado la orden de retirar todos los proyectos del colegio madrileño "para evitar discusiones y porque no quier tener con estos señores ni una sóla peseta de deuda, aunque podríamos esperar tranquilamente un par de meses más a la programación de obras del 93 para retirarlos".

Reconoció que hay quejas de algunos compradores de viviendas por el retraso en el inicio de las obras, pero que no se deben a que la PSV no pague la revisión de los proyectos a los colegios de abogados, sino al retraso en la obtención de los permisos administrativos para comenzar la construcción de las viviendas.

Soto acusó al Colegi de Arquitectos de Madrid de crear "alarma entre los cooperativistas" y "de pretender atacar el proyecto PSV" y anunció que "me reservo las acciones que correspondan a un promotor en relación con unas declaraciones que son completamente desajustadas y falsas".

El gerente de la PSV pidió al Colegio de Arquitectos de Madrid les deje "trabajar en paz" e insistió en que "la responsabilidad tiene que ser con los miles de cooperativistas y familias que tienen confianza plena en este proyecto y que permanentmente se ven asaltados por noticias equívocas y ajenas a la realidad como ésta".

Carlos Soto, calificó de "inútil" la labor que realizan los colegios de arquitectos, porque "no nos sirve para nada el visado de los proyectos para la tramitación administrativa de las licencias para empezar la obra". A su juicio, "sólo es un instrumento para el cobro de los profesionales de sus honorarios, que en la práctica deviene para los promotores en un impuesto injusto e innecesario".