El presidente de Convivencia Cívica, Francisco Caja, informó a Servimedia de que las acusaciones formuladas "son de una gravedad extrema", por lo que su colectivo no dejará que se dé "carpetazo político" a este asunto.

"Si se instruye un proceso, nosotros nos personaremos, con toda seguridad", señaló Caja, quien añadió que están pendientes de las diligencias que la fiscalía catalana ha abierto por lo dicho por Maragall en el parlamento autonómico.

Añadió que, aunque este presunto cobro de comisiones ilegales parece que era un "secreto a voces", una vez que el asunto ha sido mencionado en la Cámara catalana debe irse "hasta el final".

Remarcó que su asociación está dispuesta a utilizar los instrumentos legales para que se aclare todo, de manera que los "intereses comunes e ilegítimos" de los partidos no prevalezcan para "cerrar la crisis de la peor manera".

La asociación Convivencia Cívica se ha destacado en los últimos años por su defensa del uso del castellano en las instituciones y el sistema educativo catalán, lo que le ha llevado a iniciar varios procesos legales. Asimismo, recientemente ha denunciado ante los jueces y la delegación del Gobierno que una serie de ayuntamientos e instituciones catalanes incumplen la obligación de colocar la bandera española en sus edificios.