El convenio, que entrará en vigor este 1 de abril, es una muestra del acercamiento realizado por París y Madrid tras el nombramiento de José Manuel Albares como jefe de la Diplomacia española, y rinde “tributo a las relaciones históricas entre los dos países que hunden sus raíces en la misma fundación de ambos y a la existencia de un acervo común”.

El citado convenio fue firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con su homólogo galo, Emmanuel Macron, en la XXVI Cumbre hispano-francesa. El acuerdo persigue garantizar “mayores facilidades prácticas a sus nacionales para llegar a ser, respectivamente, franceses o españoles”, así como evitar “el riesgo de apatridia” que podría derivarse de la legislación de alguno de los dos Estados o de ambos, “o por una asimetría entre ambas legislaciones”.

Una de las medidas que contempla el acuerdo, es que aquellos españoles y franceses que, “con anterioridad a la vigencia del convenio, hubieran adquirido la nacionalidad francesa o española”, respectivamente, “perdiendo así de forma automática su nacionalidad anterior”, podrán acogerse a la gracia que establece el texto firmado, cuyas disposiciones “les serán aplicables desde la fecha en que se acojan a él”.