El debate más acalorado se entabló en la tramitación del decreto-ley 10/96, que permie al Insalud introducir nuevas formas de gestión de los centros sanitarios, dotándoles de "instrumentos de gestión pública no burocratizada", como apuntó el ministro de Sanidad y Consumo, José Manuel Romay Beccaría.

Romay señaló que estas nuevas formas de gestión, a través de fundaciones, consorcios o empresas públicas, ya se están aplicando en comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco o Galicia, y que se han adoptado precisamente para mejorar la gestión de los centros sanitarios "sin el corsé dl dercho administrativo".

El ministro justificó en el Congreso la urgencia de adoptar estas medidas ante el hecho de que sistema sanitario español, el "más burocratizado de toda Europa", porque pretenden aplicar las nuevas formas de gestión en hospitales que iban a comenzar a funcionar en breve (Móstoles y Manacor).

La diputada del PSOE y ex ministra de Sanidad, Angeles Amador, critió tanto la forma como el contenido del decreto, dado que no entiende la urgencia de adoptar medidas como ésta, "incmpliendo el compromiso de consensuar la reforma de la Sanidad púbica formulado por José María Aznar en su discurso de investidura".

Amador volvió a expresar su temor sobre una posible privatización del patromio de la Seguridad Social y añadió que estas normas rompen el conseso alcanzado por todos los grupos políticos para constituir la ponencia sobre la reforma del Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, también se expresó la portavoz del grupo de Izquierda Unida, Angeles Maestro, que realizóun llamamiento al resto de los grupos parlamentarios para respaldar un recurso de inconstitucionalidad, ante lo que calificó de "vaciamiento de contenido de la ponencia sobre la reforma del Sistema Nacional de Salud".

FARMACIA

El ministro Romay explicó que el decreto 11/96, convalidado por 165 votos a favor, 137 en contra y tres abstenciones, introduce una ordenación territorial según las necesidades sanitarias, modifica el procedimiento de autorización de apertura de farmacias y flexibiliza el régien de horarios de estos establecimientos.

El Gobierno afrontó este problema, "congelado a nivel normativo desde hace casi 20 años" para conseguir incrementar el número de farmacias y mejorar su servicio al ampliar el horario. También explicó que favorece el empleo de los farmacéuticos y modifica el régimen de autorización.

Tanto el Grupo Socialista, como el de Izquierda Unida tacharon de publicitario el decreto-ley y aseguraron que el decreto no mejora la calidad del servicio, ni amplía el númerode farmacias.

A pesar de su voto favorable a la convalidación de los dos decretos, el Grupo vasco y el catalán manifestaron su disconformidad respecto a la utilización del decreto-ley para regular estos dos temas, ya que no creen justifica la urgencia aducida por el Gobierno.

También criticaron la posible invasión de competencias de las comunidades autónomas en los decretos, que deberán ser modificados en su tramitación parlamentaria.