Así lo recoge el documento de propuestas presentado este lunes por la Federación de Consumidores y Usuarios CECU que refleja las “diez prioridades” que, a su juicio, permitirán abordar las “principales preocupaciones y retos” de los consumidores durante los próximos cuatro años, en los que también ve “importante” mantener un Ministerio de Consumo “con capacidad y dotado de recursos”, según precisó en un comunicado.

En su decálogo aboga por “potenciar” la transición energética “sin dejar a nadie atrás”, con precios “asequibles y transparentes” gracias a las renovables y rehabilitación energética para reducir el consumo, así como por promover una producción y un consumo “sostenible”, garantizando el derecho a la reparación y durabilidad de los productos, “erradicando” la obsolescencia y “defendiendo” a los usuarios frente al lavado verde.

En el ámbito de la alimentación, pide establecer un sistema “eficaz” de “transparencia y control” de la evolución de precios de la cadena alimentaria, “ampliando recursos económicos y técnicos” y en materia de vivienda urge a garantizar el acceso a una vivienda “digna” de alquiler a un precio “asequible” a partir del parque inmobiliario existente, “conteniendo” los precios para proporcionar “estabilidad residencial y económica de los arrendatarios”.

Asimismo, llama a “asegurar una transición digital justa, segura e inclusiva” con el “foco” en “proteger” a los consumidores frente a la “manipulación, vigilancia comercial y explotación de sus datos personales”.

En paralelo, insta a aprobar una Ley de Mínimo Vital de Agua para garantizar que todas las personas tengan un acceso de agua y la prohibición de realizar cortes de suministro en casos de “impagos justificados en situaciones de vulnerabilidad”.

Junto a ello, reclama garantizar una “mayor presencia pública” en el sector financiero para “asegurar” el acceso y la prestación de los servicios mínimos “básicos” a toda la población, “garantizando el acceso al efectivo”.

Además, emplaza a diseñar nuevas políticas de protección del derecho a la salud y a la seguridad de los consumidores para hacer frente a la comercialización de productos “inseguros” y a aprobar la Ley de Servicios de Atención a la Clientela así como a fomentar la participación “activa y real” de las organizaciones de consumidores en el diseño y ejecución de las políticas de consumo y a “apostar” por el tren como método de transporte “sostenible y social, que vertebre el territorio”.

A este respecto, con el fin de “llevar adelante una verdadera agenda de transformación, que proteja y avance en derechos para las personas consumidoras”, el director de CECU, David Sánchez Carpio, juzgó “importante” el hecho de “mantener” un Ministerio de Consumo “con capacidad y dotado de recursos”.

“Los principales retos en materia de seguridad, sostenibilidad, digitalización, protección social y descarbonización, tienen fuertes implicaciones para las personas consumidoras y necesitamos una voz fuerte en el próximo gobierno que las defienda”, sentenció.