Cruz, que participó en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre "Los nuevos Impuestos de la Renta y del Patrimonio", explicó que en el caso de que la Inspección de Hacienda abra una investigación por un impuesto o periodo concreto a un contribuyente, éste podrá hacer una declaración complementaria por el resto de los impuestos y años.

Si la inspección envía un requerimiento al contribuyente para aclarar datos formales o información de carácter general, según iguel Cruz, podrá acogerse "en todos los casos" a la declaración complementaria incentivada prevista en la nueva ley de IRPF y del Impuesto del Patrimonio.

Las declaraciones complementarias junto con el intercambio de pagarés del Tesoro por deuda especial del Estado son las dos formas de regularización de "dinero negro" previstas en la última reforma fiscal.

Cruz explicó también que los contribuyentes que se hayan acogido al canje de pagarés del Tesoro por deuda pública especial y estén sujetos auna investigación podrán alegar que tienen estos activos hasta un mes después de la firma de las actas de inspección.

El director general de Tributos anunció que el Reglamento del IRPF estará publicado en el BOE a finales de octubre, con el fin de que "los contribuyentes tengan todo el conjunto normativo sobre el nuevo impuesto antes de finales de año".

INCONSTITUCIONALIDAD DEL IRPF

Miguel Cruz se refirió también a las declaraciones realizadas en Santander la semana pasada por Rafael de Mendizáal, presidente de la Audiencia Nacional, en las que afirmaba que algunos aspectos de la nueva ley del IRPF podrían rozar la incostitucionalidad.

"Me parece peligroso para normalidad del sistema tributario que se atizen desde posiciones relevantes este tipo de dudas, porque provocan una fuerte confusión y pueden generar temores infundados en el contribuyente", señaló.

También el responsable de asuntos Económicos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Jose Manuel García Margallo, que partiipó en una mesa redonda de la UIMP, puso en duda la constitucionalidad de la nueva ley, por el trato discriminatorio que da a las rentas del trabajo frente a las del capital.

El director general de Tributos respondió a ambas críticas señalando que le tranquiliza que provengan de "personas con responsabilidad en anteriores gobiernos, que hicieron la ley precedente, que resultó ser inconstitucional".

REVISION CATASTRAL

Cruz abogó también por la urgente revisión del Catastro, cuyo retraso es, en s opinión, "el elemento frustrante de la simplificación del Impuesto de Patrimonio, ya que obliga a aplicar reglas especiales de valoración de los bienes, frente a lo ideal, que sería crear un valor circulante de los bienes inmuebles más similar al del mercado".

Añadió que "mientras el valor catastral no ocupe el valor que le asigna la Ley de Haciendas Locales, el Impuesto del Patrimonio tendrá difertencias relativas de tributación nada aconsejables y muy difíciles de superar".

Explicó que la reviión catastral hubiera permitido la existencia de un único valor para varios impuestos, "lo que hubiese sido más sencillo y más simple".

COSTE DE LA REFORMA FISCAL

Por otro lado, el director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Miguel Angel Lasheras, hizo pública durante su intervención en el mismo seminario, una estimación de su departamento sobre el coste presupuestario que tendrá en 1992 la reciente reforma del IRPF, y que reduce en 16.896 millones de pesetas las previsiones de la Dirección Gneral de Tributos.

Según el IEF, Hacienda ingresará 391.104 millones de pesetas menos de lo que habría recaudado con el IRPF actual. Esa pérdida recaudatoria se debe a que los ingresos aumentarán 305.458 millones de pesetas, por la desaparición de la deducción variable y la deducción en cuota en los planes de pensiones, pero disminuirán, por diversos conceptos, en 696.562 millones.

Esos conceptos son la aplicación de una deducción general del 5 por ciento en las rentas del trabajo, con un coste d 143.208 millones; el mínimo exento de 25.000 pesetas para los intereses del capital mobiliario (34.910 millones), las deducciones del trabajo en cuota (103.191 millones), otras deducciones (7.722 millones), y la rebaja de las tarifas (407.531 millones).