El Partido Socialista y asociaciones de consumidores, además de los propios afectados por Opening, han reclamado al Gobierno que tome medidas para asegurar la defensa de los intereses de los usuarios de los centros de enseñanza de idiomas, muchos de los cuales han pagado los cursos por adelantado y muchos más están pagando créditos por las cases de idiomas.

Los bancos acreedores, ante la perspectiva de no cobrar las decenas de miles de préstamos y la advertencia de la ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, de que no tolerará que se incluya a los alumnos que no paguen en el registro de morosos, han apostado por recolocar en Wall Street Institute a la mayor cantidad de afectados posible.

Sin embargo, los términos del contrato de adhesión a Wall Street no convencen a algunas organizaciones de consumidores, porque este centro no garntiza la enseñanza en las mismas condiciones que Opening, ni tampoco sin coste adicional, ya que hay que pagar el nuevo material.

Mientras tanto, las demandas judiciales y las acciones legales colectivas siguen su curso contra Opening y las entidades financieras, amparándose en la Ley de Crédito al Consumo, para no tener que pagar por un servicio que no se recibe tras la suspensión de pagos de Opening.