Así lo anunció su departamento en un comunicado en el que precisó que se trata de las órdenes con las que el ministro desestimó los recursos de alzada presentados por estas cinco compañías contra las sanciones que impuso la Secretaría General de Consumo y Juego hacia estas aerolíneas, después de que una investigación de la Dirección General de Consumo “constatase” que habían llevado a cabo “prácticas abusivas”, dos de ellas categorizadas como “muy graves”, al exigir el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina y exigir el pago de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes.

Según subrayó Consumo, al considerarse infracciones “muy graves”, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.7 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, se publican tanto la información de estas sanciones, como, ahora también, las Órdenes del ministro.

En concreto, se han publicado las Órdenes del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de 21 de noviembre de 2024, por las que se resuelve recurso de alzada presentado por Ryanair DAC Oficina representación en España, Vueling Airlines, Easyjet Airline, Volotea y Norwegian Air contra la resolución de la Secretaría General de Consumo y Juego de 10 de mayo de 2024 en todos los casos salvo en el último, cuya resolución está fechada el 26 de julio.

Además de las dos infracciones muy graves, las sanciones ratificadas por Bustinduy incluyen otras dos infracciones categorizadas como “graves”, como son no permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles y omitir información de forma “engañosa y con falta de claridad” en los precios publicados tanto en su propia web como en las de terceros, “dificultando la comparabilidad de ofertas de precios”.

Asimismo, en el caso de Ryanair se sancionó otra práctica considerada como infracción “muy grave” como es la de imponer una tasa “desproporcionada y abusiva” a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque.

SANCIONES

En este contexto, la sanción fijada para Ryanair fue de 107.775.777 euros; para Vueling, de 39.264.412 euros; para Easyjet, de 29.094.441 euros; para Norgewian, de 1.610.001 euros y para Volotea, de 1.189.000,99 euros.

La cartera que dirige Bustinduy recordó que estas sanciones son las “mayores que se han impuesto nunca desde Consumo” y “responden” a la jurisprudencia creada en la Unión Europea.

En este sentido, respecto al cobro del equipaje de mano, puso como ejemplo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en 2014 (en el Asunto C-487/12) en la que estableció que “por lo que se refiere al equipaje no facturado, es decir, el equipaje de mano, debe considerarse un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y que su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables”.

“Esta sentencia fue, además, avalada por el Parlamento Europeo el 4 de octubre de 2023, cuando aprobó una resolución para instar a los Estados Miembro de la Unión Europea a garantizar el acatamiento y respeto a esta resolución judicial”, puntualizó.

Se trata de la primera vez que el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo hace públicas las resoluciones de unas sanciones, al incluir infracciones catalogadas como “muy graves”.

INTERÉS DE VARIOS PAÍSES

El titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pudo “constatar” el pasado día 2 en Bruselas el “amplio interés” que existe por parte de “varios” países del continente en “seguir los pasos” de España tras esta sanción “histórica” y se puso “a disposición” de las organizaciones y gobiernos que han manifestado “interés” en llevar a cabo iniciativas “en esta misma línea”.

En declaraciones a los medios de comunicación realizadas a su llegada al Consejo de Empleo y Política Social (EPSCO) de la Unión Europea, Bustinduy hizo hincapié en que se trata de una sanción por una serie de prácticas “ilegales o abusivas” que “vulneran” los derechos de los consumidores.

A este respecto, explicó que, durante la jornada, tuvo ocasión de reunirse con la Asociación Europea de Consumidores que representa a más de 40 organizaciones de 30 países con el fin de “debatir” sobre esta cuestión y para poder ponerse “a disposición de todas aquellas organizaciones y países que ya han manifestado interés en poder llevar a cabo iniciativas en esta misma línea”.

Tras destacar que varias de las compañías sancionadas han “argumentado” que la decisión adoptada por su ministerio “era contraria a la normativa europea”, Bustinduy advirtió de que “es exactamente lo contrario”.

“Es una decisión que está basada en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está avalada por posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo Económico y Social Europeo”, apostilló, al tiempo que reiteró que en esta jornada tuvo la oportunidad de “constatar una vez más” que existen “iniciativas y un amplio interés” en “varios” países en “poder seguir los pasos de España y defender los derechos de los consumidores en esta y otra materia con la misma decisión”.

En este punto, frente a quienes, tras conocerse la sanción, denunciaron que España “era el único país que estaba regulando sobre esta materia”, el ministro aseveró que España “es el primero, es pionero en esta materia”. “Y es un orgullo que nuestro país sea referente, de nuevo, de la defensa de los derechos de los consumidores y los usuarios frente a prácticas ilegales o abusivas”, resolvió.