El titular de Sanidad contestaba así a una pregunta formulada en el pleno del Congreso por el Partido Popular, para que el Gobierno specificase los criterios que tiene previsto seguir a la hora de sancionar el consumo de drogas en público.

García Valverde apuntó que el consumo de drogas es consecuencia de una serie de causas interrelacionados, que no pueden aislarse, y afirmó que el Gobierno ha optado por establecer sanciones administrativas, en vez de penales, porque las cárceles no son los mejores lugares para la rehabilitación de los toxicómanos.

El PP pidió al ministro que antes de realizar la nueva Ley de Seguridad Ciudaana el Gobierno consiga "el máximo consenso político y social posible".

El borrador de la ley redactado por el Ministerio del Interior ha suscitado la polémica, ya que además incluye la posibilidad de que los ciudadanos indocumentados pueden ser retenidos por la policía durante cinco horas. También permite a los agentes entrar en cualquier domicilio sin mandamiento judicial, cuando sospechen que en una vivienda se está traficando con drogas.

Respecto a la denominada "objeción de conciencia farmacutica" -que permite a los empleados de farmacia no realizar a una mujer la prueba de embarazo si creen que va a abortar-, el ministro indicó que la Ley del Medicamento, aprobada el pasado año, establece que los farmacéuticos están obligados a dispensar todos los productos sanitarios que les pidan los clientes.

Asimismo, aseguró que la negativa de los empleados de farmacia a vender determinados productos es "una grave infracción que coharta la libertad de los usuarios".