Así se desprende de un estudio del Observatorio de Consumo en Internet, un proyecto del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 puesto en marcha a través de la Dirección General de Consumo y que, durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 20 de diciembre de 2023, monitorizó más de 800 productos con descuento anunciados por 19 comercializadoras de distintos sectores, analizando la transparencia en la información y el cumplimiento de las normas de protección al consumidor, según precisó este viernes el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado.

Los resultados del estudio reflejan cómo “muchas” de estas ofertas “no cumplen con las normas vigentes para la protección a los consumidores”, en “especial” la correspondiente con las prácticas comerciales “desleales” y con la indicación de reducciones de precios.

“En estos casos, las ofertas se anunciaban como transacciones más ventajosas de lo que realmente podrían ser, llegando a ofrecerse en precios iguales a los ofrecidos en otros periodos del año y alterando el comportamiento de compra de las personas consumidoras”, agregó Consumo.

En concreto, el estudio realizado por el Observatorio de Consumo en Internet ha “constatado” que las infracciones detectadas “más frecuentes” son, en primer lugar, la “manipulación” del precio de referencia, dado que un 70% de los productos “incumplía” la normativa aplicable para la indicación de reducciones de precios.

PRECIO DE REFERENCIA

Así, según esta norma, el precio de referencia, aquel sobre el que se debe indicar el descuento, debe ser el precio más bajo durante los últimos 30 días, lo cual, a juicio del ministerio, “no se cumplía en el 70% de los casos”.

“Esto se traduce, por ejemplo, en subidas de precio unos días antes del periodo de rebajas para reducir luego los precios durante el Black Friday y etiquetar estos productos como “ofertados” o “descontados”, a la par que se utiliza el formato característico de los descuentos”, apostilló.

En la misma línea, las reducciones de precio a través de códigos o de cupones disponibles para el público en general presentan una “alta prevalencia de incumplimientos”, de en torno al 65%. “La casuística más común es similar a la anterior, se ofertan productos a un precio concreto que se eleva artificialmente a la par que se proporcionan cupones de descuento, dando la sensación de obtener un precio ventajoso cuando en realidad no lo es”, denunció Consumo.

Por lo que respecta a la información “engañosa” y “oportunidades temporales falsas”, en un 50% de los casos en los que existe una afirmación relacionada con el precio esta es “potencialmente engañosa”.

“Como ejemplo más característico, nos encontramos con afirmaciones de ofertas que aparentemente estarán vigentes un corto periodo de tiempo, por ejemplo ‘Solo hoy’ u ‘Oferta válida las siguientes 24h’, cuando, finalizado ese plazo, se comprueba que el precio de adquisición se mantiene. Esta limitación de tiempo falsa impulsa, además, una compra compulsiva”, aseveró.

COMPARACIONES ENGAÑOSAS

En paralelo, hizo referencia a las comparaciones de precios “engañosas” al no utilizar el precio de referencia y explicó que “es común” la práctica de utilizar comparaciones de precios con formatos de descuento “trasladando una sensación de encontrarnos ante productos ofertados que en realidad no lo están”.

“Para ello, se emplean precios de diferente naturaleza, por ejemplo, ‘Precio de Venta al Público’, ‘Precio Recomendado’ u otros similares, como precios de referencia. Estos precios aparecen tachados y/o con porcentajes de reducción a su lado dando la impresión de ser reducciones de precio, cuando, en realidad, no lo son”, abundó.

El departamento de Bustinduy subrayó que esta práctica “induce” a los consumidores a pensar que se encuentran ante “ofertas ventajosas”, cuando, en realidad, se trata de comparaciones de diferentes precios cuyo origen o cálculo es “desconocido para las personas consumidoras”.

En este sentido, un 25% de los productos analizados usaban precios “distintos” al precio de referencia establecido por la normativa, es decir, el más bajo de los últimos 30 días.

SANCIONES

De forma complementaria a este estudio, el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy puso en marcha una investigación, a través de la Dirección General de Consumo, que concluyó en la apertura de expedientes sancionadores a ocho operadores de comercio electrónico que habrían realizado estas prácticas durante el último Black Friday y que ya han supuesto la imposición de sanciones a dos de estos operadores por “vulnerar” los derechos de las personas consumidoras, mientras los otros seis expedientes sancionadores se mantienen abiertos.