Así lo anunció Escudero durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara Baja para trasladar información relativa al Plan de Trabajo 2022 del Ministerio de Consumo, así como sobre las actuaciones en materia de inspección, control y vigilancia en materia alimentaria y no alimentaria del departamento de Alberto Garzón.

“Siempre se están analizando posibles fuentes de acceso a esta misma cepa de salmonela”, abundó, para recordar que fue el 2 de septiembre de 2021 cuando Francia notificó 46 casos de infecciones y que, a partir de ahí, el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria realizaron una evaluación.

España participó en la evaluación y “estudiando” la trazabilidad de los huevos enviados desde el distribuidor español a los mayoristas franceses e identificó tres centros a los que habían llegado huevos procedentes de tres explotaciones avícolas españolas, inmovilizándose “todos los huevos procedentes de las granjas sospechosas y tomándose las muestras oficiales pertinentes”, según Escudero.

“Todas las muestras de huevos que se tomaron en ese momento fueron negativos para salmonela y, por tanto, en ese momento no existían huevos sospechosos de poder transmitir la salmonela en el mercado”, abundó, para, a continuación, justificar que, por esa razón, “no fue necesario iniciar un procedimiento de alerta para la verificación de la retirada del mercado, ni tampoco informar a la población”.

TRABAJO COORDINADO

A este respecto, juzgó “importante destacar” que en este informe España “es el único país que ha aportado datos sobre las investigaciones microbiológicas de los productos relacionados no solo con estos casos de 2021, sino también con el histórico de casos y de la adopción de medidas de los productos”. “El objetivo final del informe europeo no es otro que alentar a los Estados miembro a que trabajen de forma coordinada en la investigación microbiológica de los brotes de origen alimentario”, añadió, para subrayar que, según dicho informe, “solo el caso de algunas de las personas afectadas en Francia se pudo relacionar con la visita a restaurantes que servían huevos de un proveedor español”.

En paralelo, explicó que el estudio realizado en España permitió comprobar que en julio de 2021 se había detectado la misma cepa en una de las explotaciones que enviaban huevos a Francia si bien, aclaró, “no se volvió a encontrar en los nuevos análisis realizados tras la notificación de Francia”.

SISTEMA EXCELENTE

En este punto, Escudero quiso trasladar “la mayor garantía y confianza” de que España cuenta con un “sistema excelente de seguridad alimentaria y de gestión de alertas alimentarias”. “La altísima calidad de las técnicas analíticas y de control que en la agencia se desarrollan nos permiten garantizar el altísimo nivel de seguridad alimentaria del que gozamos en España”, agregó, para, a continuación, señalar que en 2020 se realizaron casi 500.000 inspecciones y auditorías sobre establecimientos alimentarios y más de 125.000 controles de información alimentaria en todo el país.

“Nuestras técnicas son punteras", aseveró, para destacar como “principales hitos normativos” para la agencia en el presente ejercicio algunos como la posible aprobación antes del verano del decreto que regula un nuevo estatuto de la agencia así como la redacción de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pendiente desde el año 2011. Como “línea central” del gabinete de Garzón, mencionó también la reducción de la obesidad infantil, a la que consideró un “grave problema de salud pública” denunciando la existencia en el país de "unas cifras que son inadmisibles en cualquier sociedad”.

En este sentido, hizo hincapié en el futuro plan de “reformulación de alimentos y bebidas” que permitirá, “con la colaboración” de la industria alimentaria, conseguir que “especialmente” los dirigidos a niños tengan un menor índice de sodio, de grasa y de azúcar, y mencionó el futuro real decreto que favorecerá la compra pública en comedores escolares para que adquieran productos “más saludables y sostenibles”.

Con respecto al real decreto de publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores de 16 años, que prohíbe la publicidad de productos “insanos” y que se encuentra actualmente en audiencia pública, subrayó que se trata de “establecer una serie de líneas rojas que no se pueden traspasar en la publicidad infantil”. “Van en la línea de lo que vienen diciendo organizaciones internacionales como la OMS para que el menor no pueda ser objeto directo de publicidad”, añadió, convencido de que la norma supondrá “una garantía del desarrollo integral del menor y del derecho a la salud” y de que el “apoyo social” a la medida “es incuestionable”.

ATENCIÓN AL CLIENTE

En otro orden de cosas, Escudero avanzó que “en breve” llegará a la Cámara Baja el anteproyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente cuyo objetivo es "proteger a las personas consumidoras vulnerables” en este área, y también se felicitó por la aprobación de la ley 4/2022 de protección de personas consumidoras en situación de vulnerabilidad social y económica que introduce una disposición adicional por la cual el Gobierno se compromete, en el plazo de un año, a establecer un reglamento para el etiquetado en braille de productos y servicios de carácter esencial, de modo que las personas con discapacidad visual puedan, a su juicio, "tener un mayor grado de seguridad y de accesibilidad en los productos que compran o en los servicios a los que acceden”.

Además, esta ley introduce otra disposición adicional para que en el plazo de tres meses el Gobierno impulse medidas legislativas para favorecer o para proteger a las personas consumidoras vulnerables en el sector financiero.