En declaraciones a Servimedia, el directo de la Organización de Consumidores y Usuarios, José María Múgica, afirmó que una discriminación de esta naturaleza, por la mera condición de ser inmigrante es "inaceptable" y "anticonstitucional".

"Un operador tiene el derecho a conocer la solvencia económica de un futuro cliente, pero lo que no se puede es establecer una fianza en función, exclusivamente, de la condición de inmigrante o no de un ciudadano", afirmó.

Por otro lado, el portavoz de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (Cecu), Antonio López, exigió a la operadora que, "con carácter inmediato, suprima esta práctica que discrimina a un colectivo muy importante de nuestra sociedad".

A su juicio, Vodafone debe recificar de inmediato. "Es un negocio que, a veces tiene ciertos riesgos, pero que también tiene muchos beneficios, de manera que el trato a estos ciudadanos debe ser exactamente igual que al del resto de los españoles y de ciudadanos de la Unión Europea (UE), subrayó.

En este sentido, el portavoz de Cecu señaló que "si en algún momento la compañía piensa que el cliente no va a poder pagar el contrato porque no tiene solvencia económica, lo que tiene que hacer la operadora es no firmar ese contrato".

"Lo que no se puede hacer es a unos cobrar una cantidad de dinero por si acaso, y a otros no", concluyó.

Por otro lado, fuentes de la operadora consulatdas por esta agencia aseguraron que esta es una práctica habitual y que esta fianza se establece en base a la falta de solvencia económica de los futuros clientes, "pero, en ningún momento, nos fijamos en criterios como la nacionalidad o la raza".