Entre las principales medidas, el texto establece un plazo de 14 días naturales para que los consumidores anulen sus contratos sin tener que dar explicación alguna y sin ningún tipo de penalización. No obstante, dicho plazo se extenderá a 30 días naturales en el caso de los contratos de seguros de vida.

El Gobierno entiende que esta medida va a proteger de manera "especial" a aquellas personas que realizan operaciones de comercialización a distancia, tales como la contratación electrónica y por teléfono.

"Es indudable que la incorporación de las nuevas tecnologías a la vida económica y social tiene innumerables ventajas, pero también causan incertidumbres jurídicas que han de ser compensadas con las necesarias reformas legislativas", insiste el Gobierno.

Además, el proyecto establece la creación de un régimen "muy estricto" de información al consumidor con carácter previo a la formalización del contrato.

Dicha información deberá ser remitida al consumidor en soporte papel u otro soporte duradero con una antelación mínima de tres días a la celebración del contrato o a la aceptación de la oferta.

Por otra parte, el texto reconoce la posibilidad de que los usuarios puedan exigir de manera inmediata la anulación y devolución del cargo, tras sufrir una operación fraudulenta medianta el robo de una tarjeta de pago.

Por último, proveedor y consumidor podrán someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesión de éstos al Sistema Arbitral de Consumo o a otros sistemas de resolución judicial de conflictos que figuren en la lista pública de la Comisión Europea sobre sistemas alternativos de resolución.