Alonso afirmó que el Gobierno "tiene que mojarse" para solucionar esta situación y no caer en una "ley de la selva", donde las empresas "hacen lo que quieren sin tener en cuenta la posición del consumidor".

A su juicio, el Ejecutivo debe comprometerse ante los ciudadanos "incluyendo en el Proyecto de Ley de Mejora de las Condiciones Generales de los Consumidores la prohibición de facturar por servicios no prestados".

La UCE criticó también a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), afirmando que "debería sonrojar a cualquier administración pública" el hecho de haber publicado el dato de los 1.385 millones de euros, lo que supone una situación "precoupante" para los consumidores.

Ante esta situación, la UCE denunciará ante el Servicio de Defensa de la Competencia a las operadoras Telefónica, Vodafone y Amena, por la "impunidad" con la que actúan en España al desarrollar fórmulas de tarificación por servicios y tiempo no consumidos, hecho que supone "una preversión del mercado".

"PRÁCTICA ABUSIVA"

En este sentido, interpodrá una segunda denuncia contra Telefónica ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Consumo, por la "práctica abusiva" que, a su entender, realizará la compañía a partir del 1 de septiembre, al cobrar por fracciones de treinta segundos las llamadas de sus clientes de contrato.

En la actualidad, Amena es la única empresa que todavía no se ha acogido a este esquema tarifario en los clientes de contrato, aunque esta práctica ya la desarrollan las tres principales operadoras españolas en la modalidad de tarjeta prepago.

Esta situación se da entre los países de la Unión Europea, según informó Alonso, de una forma "dispar", aunque trasladó que la visión de la UCE a nivel europeo ante esta situación es de "vacío legal".

En esta línea, advirtió que "se está generando un lobby de empresas" que están siendo capaces de presionar a los poderes públicos con el fin de que "legislen a su favor", y no tengan en cuenta los intereses de los consumidores.