En declaraciones a Servimedia, el directo de la Organización de Consumidores y Usuarios, José María Múgica, afirmó que una discriminación de esta naturaleza, por la mera condición de ser inmigrante es "inaceptable" y "anticonstitucional".

"Un operador tiene el dereho a conocer la solvencia económica de un futuro cliente, pero lo que no se puede es establecer una fianza en función, exclusivamente, de la condición de inmigrante o no de un ciudadano", afirmó.

Por otro lado, el portavoz de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (Cecu), Antonio López, exigió a la operadora que, "con carácter inmediato, suprima esta práctica que discrimina a un colectivo muy importante de nuestra sociedad".

A su juicio, Vodafone debe rectificar de inmediato. "Es unnegocio que, a veces, tiene ciertos riesgos, pero que también tiene muchos beneficios, de manera que el trato a estos ciudadanos debe ser exactamente igual que al resto de los españoles y de ciudadanos de la Unión Europea (UE), subrayó.

En este sentido, el portavoz de Cecu señaló que "si en algún momento la compañía piensa que el cliente no va a poder pagar el contrato porque no tiene solvencia económica, lo que tiene que hacer la operadora es no firmar ese contrato".

"Lo que no se puede hacer esa unos cobrar una cantidad de dinero, por si acaso, y a otros no", concluyó.

Por otro lado, fuentes de la operadora consultadas por esta agencia aseguraron que ésta es una práctica habitual y que esta fianza se establece en base a la falta de solvencia económica de los futuros clientes, "pero, en ningún momento, nos fijamos en criterios como la nacionalidad o la raza".