Según algunos medios, ese borrador del Gobierno incluye la posibilidad de que los bancos obliguen a sus clientes a hipotecar otros bienes si el precio de la vivienda sobre la que tienen el préstamo cae un 20% por debajo del precio de la hipoteca.

En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), David Hurtado, afirmó que, con esta medida "el Gobierno deja la imagen de que está más preocupado por proteger a las entidades hipotecarias que a los consumidores".

"Estamos hablando de un sector que no tiene pérdidas, así que no sé qué protección necesita", señaló Hurtado. "Si esta situación se ha creado por la alegría en la concesión de los préstamos es un problema suyo, no de los ciudadanos", añadió.

Por su parte, la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izvernizeanu, denunció que esta propuesta "es un verdadero atropello", ya que, de llevarse a cabo, "supondría una modificación unilateral de un contrato firmado entre el cliente y la entidad financiera".

En este sentido, Izvernizeanu aseguró que, "si esto es así, se cargaría la seguridad jurídica, la ley de contratación y casi la propiedad privada". "Si sigue adelante la vamos a recurrir", advirtió.

Asimismo, en una nota de prensa, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae) acusó a las entidades financieras españolas de "pretender ahora limitar sus riesgos trasladándolos a los consumidores".