ASPRIMA entiende que este hecho pone de relieve la contraicción que en la Administración en general se está produciendo, ya que unos manifiestan públicamente que debe bajar el precio de la vivienda, mientras que desde otras instituciones se aprueban incrementos y tasas que conducen a lo contrario.

En el pleno del pasado mes de octubre, el Ayuntamiento de Madrid aprobó una nueva tasa de licencia de obras, que fue suprimida en 1988 para no encarecer los costes, al ser sustituida por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, como consecuencia dela entrada en vigor de la Ley de Regulación de Haciendas Locales.

Según los promotores, a partir del 1 de enero de 1993 la corporación municipal no sólo implantará la tasa de licencia de obras, sino que además aumentará el propio Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del 3,17 al 3,39 por ciento.

ASPRIMA considera que, sumando ambos conceptos, la carga sobre los costes, que repercutirá en el precio final de la vivienda, significará una subida sustancial respecto a 1992.

Como ejmplo, citan que por una licencia de obra de un edificio de aproximadamente 40 viviendas se pagaba en 1988 el 3 por ciento de su costo de ejecución.

Sin embargo, a partir de enero se pagará el 3,7 por ciento, "teniendo en cuenta, además, que ese porcentaje ya se aplica sobre costos incrementados cada año por la inflación. Lo que quiere decir que, además de la subida del coste generada por el IPC, ha habido un incremento del 23,3 por ciento, por lo que, de 1988 a 1993, una licencia costará el 50 por cieto más", señala un comunicado de ASPRIMA.

A juicio de los promotores, a esta "preocupante situación" hay que sumar el mal funcionamiento en la tramitación de la concesión de licencias, con plazos de espera superiores a los 6 meses, lo que también encarece de forma directa los costes financieros y, por tanto, el precio final de la vivienda.

José Luis Martín Blanco, portavoz de ASPRIMA, propuso como solución a este problema que se cumpla efectivamente el plazo límite ya vigente de 2 meses para que a Administración resuelva sobre la licencia y, en caso de no hacerlo, que ésta sea concedida en los estrictos términos del proyecto de edificación presentado.