El presidente de APCE, Guillermo Chicote, defendió hoy esta planteamiento en el inicio del 25 Coloquio Nacional de la APCE que se celebra en Madrid y en el que se debate sobre los cambios en el sector inmobiliario.

Chicote aludió a otras propuestas contra la corrupción, como la agilización en la tramitación burocrática de los planes parciales y las licencias, o no solicitar a los urbanizadores más prestaciones que las previstas en la ley.

Asimismo, recalcó que "es necesaria una transparencia mediante la publicación en Internet de todos los informes sobre expedientes para evitar el secretismo, así como la aplicación de las leyes que sancionan las autorizaciones o licencias concedias o consentidas con infracción de reglamentos".

Junto a estas acciones, Chicote apuntó, como medida complementaria, la introducción como delito específico en el Código Penal de la financiación de los partidos políticos que se obtenga como retribución de favores urbanísticos porque, según Chicote "acabaría con la sospecha de que los partidos políticos conocen la corrupción existente, pero la toleran porque son beneficiarios de parte de ella".

Además, APCE recomienda a sus asociaciones provinciales la introducción en sus estatutos de la posibilidad de expulsión de las empresas cuyos directivos sean condenados por delitos de corrupción.