Destacó que la nueva Ley de Contratos del Estado iba a suponer mayor agilidad en los agos "y ha ocasionado demoras de más de un año". Explicó que los empresarios "están a punto de reventar" y si no lo han hecho "es por miedo a las represalias de dichas Administraciones deudoras".

Sólo en Las Palmas, la Comunidad Autonoma Canaria es la administración más morosa, con 11.850 millones de pesetas lo que supone el 47,40% del total de la deuda en la provincia, seguida por los Ayuntamientos con el 28,97%, que suman 7.242 millones de pesetas. La Administración central adeuda 5.062 millones de esetas, el 20,25% del total y cierran la lista de morosos los cabildos insulares con tan sólo 845 millones de pesetas, el 3,38% del total.

Díaz Flores explicó que el sector de la construcción tiene una capacidad generadora de empleo muy elevada, y que este desinterés de los organismos públicos puede ser calificado de "delito social". "Por cada cinco millones de pesetas invertidos se genera un puesto de trabajo directo y 1,10 indirectos, es decir, que pagando 23.000 de los 25.000 millones que nos debensólo en la provincia de Las Palmas se crearian 4.600 puestos de trabajo directos y 5.060 indirectos".

El presidente de los constructores canarios recordó, "ahora que estamos en campaña electoral", que en dicha provincia existen 7.500 desempleados en el sector de la construcción "que obtendrían trabajo si se abonasen las deudas. Además, el Estado se ahorraría los 5.662 millones que les está pagando por prestaciones sociales".