Así lo trasladan a Servimedia fuentes de la patronal de la construcción, que asegura que, una vez entre en vigor, se pueden empezar las aportaciones, algo que prevén que ocurra en el mes de septiembre.

Estas fuentes explican que el trámite pendiente es un proceso legal habitual correspondiente a los convenios sectoriales y “en principio podría hacerse con un Gobierno en funciones”, por lo que el retraso en formar un nuevo Ejecutivo “no debería afectar”. Estas fuentes, no obstante, dudan de que su aprobación se vaya a producir durante el mes de agosto.

En cambio, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apuntan a Servimedia que las aportaciones ya se pueden comenzar a hacer, aunque no dan más detalles sobre el proceso legal que, según la CNC, queda pendiente.

3.000 MILLONES

El impulso de este tipo de planes de pensiones gracias a incentivos fiscales fue uno de los objetivos del Ministerio en la reforma que emprendió el año pasado, en línea con la recomendación 16 del Pacto de Toledo y con las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

El sector de la construcción acordó antes del verano de 2022 incluir en el siguiente convenio colectivo esta figura, convirtiéndose en el primer sector en hacerlo. No obstante, los detalles del reglamento del plan no se cerraron hasta junio de este año, pues, según indicó a Servimedia el secretario general de CNC, Mariano Sanz, se intentó "cuidar" el texto lo máximo posible pues el sector era "consciente" de lo pionero de la medida y de la "atención" que estaba recibiendo por parte de otros sectores.

A principios de julio, el sector de la construcción eligió a Vidacaixa para su gestión. En total, el plan de pensiones prevé mover unos 3.000 millones de euros en un plazo de 10 años y afectará en el corto plazo a un millón de trabajadores por cuenta ajena y podrá hacerlo a más de 400.000 autónomos del sector.

En el acuerdo, patronal y sindicatos pactaron que, en 2022 y 2023, la contribución empresarial al plan de pensiones sería del 1% del importe de los conceptos salariales y en 2024 esta se elevaría 1,25%. No obstante, dado que el texto final no se aprobó hasta este año, el 1% correspondiente a 2022 se aportará en este ejercicio.

Además, se estableció una cláusula de garantía salarial, de manera que, si el valor medio de los incrementos interanuales del IPC entre enero de 2022 y diciembre de 2024 se situase entre el 10% y el 13%, se incrementarían con efectos de 1 de enero de 2025 las tablas salariales del año 2024, destinándose un 50% de ese exceso al plan de pensiones de los trabajadores dados de alta en la empresa en esa fecha. A partir del año 2025, CNC, CCOO y UGT tendrán que negociar las aportaciones en el próximo convenio general.