El consejo, cuya creación estaba estipulada en la Ley de Seguridad Vial de marzo de 1990, es un órgano consultivo, de carácter colegiado, cuya finalidad es impulsar y mejorar la seguridad en las carreteras y vías urbanas españolas.

Este organismo, presidido por el ministro del Interior, sustituye a la omisión Nacional de Seguridad de la Circulación Vial, aunque su ámbito de actuación es más amplio.

Según Interior, su importancia radica en su composición, ya que en él están representadas las administraciones autonómica, provincial y local y las organizaciones profesionales, económicas y sociales relacionadas con el tráfico.

Los sectores sociales que formarán parte del pleno del consejo son las organizaciones de consumidores y usuarios, la Cruz Roja, el Real Automóvil Club de España, las escuela de conductores, los centros de reconocimiento de aspirantes al permiso de conducir, las industrias de automoción y los responsables de la Inspección Técnica de Vehículos.

También tendrán representación las compañías aseguradoras de automóviles, publicitarios, empresas especializadas en el control y gestión del tráfico, las constructoras de carreteras, los concesionarios de autopistas y los transportistas.

Por parte de la Administración, estarán representados en el consejo los ministerios de Defesa, Economía y Haciencia, Obras Públicas y Transporte, Educación, Sanidad, Industria y Administraciones Públicas.