En el Constitucional quieren abordar el asunto “con calma” y evitando cualquier tipo de presión. Tras la admisión a trámite, el TC puede tardar en pronunciarse sobre el fondo de la cuestión hasta un año, aunque las previsiones más optimistas cuentan con una decisión en ocho o nueve meses.

La incertidumbre se centra ahora en la composición del Pleno que deberá analizar la ley de amnistía. De una parte, el que fuera ministro de Justicia Juan Carlos Campo ha pedido abstenerse en este debate, ya que firmó varios informes sobre los indultos a los líderes del ‘procés’, lo que podría poner en entredicho su imparcialidad. Previsiblemente, el Pleno aceptará su abstención.

Pero, además, varios magistrados del TC serán recusados por el PP, que ya ha anunciado que pedirá que se aparte de la deliberación el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y la magistrada progresista Laura Díez. No falta tampoco quien pone en duda la participación del magistrado conservador recién nombrado José María Macías en el debate, dado que ha actuado como cabeza visible del sector conservador en el Consejo General del Poder Judicial, durante sus más de cinco años en funciones.

El TC dará prioridad a la tramitación de la cuestión de constitucionalidad presentada por el Supremo dado que fue la primera en presentarse y que proviene del más Alto Tribunal del país. Lo que se decida en este caso marcará el camino para resolución de los recursos presentados por el PP, cuya admisión a trámite se verá en el Pleno de la última semana de septiembre, y de las comunidades gobernadas por los populares. El ponente de la cuestión presentada por el TS es el magistrado conservador Ricardo Enríquez.