La sentencia, de 3 de julio, da la razón a Carmen Pérez, de Granada, que en 1997 estaba inscrita en el Inem como solicitante de trabajo, en baja maternal, por lo que el instituto estimó que durante las 16 semanas de la baja era "incapaz" para optar a cualquier oferta de trabajo.

El Constitucional considera que la actuación del Inem supuso una discriminación por razón de sexo y que la situación de una desempleada con permiso de maternidad no puede, en ningún caso, equipararse con otro tipo de baja.

La sentencia señala que si el permiso maternal pretende favorecer y proteger la incorporación de la mujer al mundo laboral, cuando está desempleada no puede implicar todo lo contrario.